Hasta las 20 horas de este viernes, la policía demoró en General Pico alrededor de 30 vecinos que no cumplieron con la cuarentena obligatoria, establecida por decreto 297 del Gobierno Nacional. El fiscal general, Armando Agüero, calificó de “horas difíciles” para la policía, cuyos efectivos tienen la difícil tarea de hacer cumplir con la normativa ante la irresponsabilidad de muchos pampeanos. En Santa Rosa fue demorada una pareja que no pudo explicar sus movimientos y que además transportaba cuatro menores.

 El movimiento del primer día de cuarentena en General Pico se pareció al de un día sábado, casi normal, con una enorme cantidad de vecinos que no acataron lo dispuesto desde Presidencia de la Nación.

En horas de la mañana hubo controles policiales en los accesos de la ciudad y pocos efectivos en zona céntrica y barrios, donde el personal trataba de persuadir a los vecinos que a simple vista se podía advertir que estaban fuera de las excepciones del decreto presidencial.

Ya en horas de la tarde se pudo ver un mayor movimiento policial en las calles de la ciudad, con patrulleros que se cruzaban en las calles y detenían el paso de automovilistas y motociclistas. Al mismo tiempo, la etapa de persuasión pasó sanción con el traslado de muchos vecinos a las comisarías del medio, donde se les notificaba sobre la investigación a los que se los sometería por la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal, y se los liberaba recién cuando “entendían” que tenían que cumplir con las normas.

 El trabajo policial también incluyó el cierre de algunas obras en construcción y comercios no habilitados para trabajar por el decreto Presidencial.

Demorados

Agüero confirmó que por la tarde la policía había demorado a más de 30 personas. Y lamentó al respecto que “parece ser que tenemos que tener personas esposadas y sacándole fotos por todos los medios como para que entiendan que deben cumplir con esta realidad”.

Y advirtió sobre las justificaciones que la gente de en la calle a la policía que “vamos a tratar de ser lo más estrictos posible en la interpretación, y la interpretación que debe primar en esta regulación es la de quedarse en casa, no la de la excepción”.

Recordó que “la pena es de seis meses a dos años de prisión para aquellos que violen las disposiciones sanitarias de epidemiología y la cuarenta, y si propagaran alguna enfermedad como puede ser el coronavirus, la pena que prevé el Código Penal va de tres a 15 años de prisión”.

Consultado por cómo fueron las primeras horas de cuarentena, el fiscal general señaló que “son difíciles para el personal policial que está luchando con todo aquel que no quiere entender esto, hay un montón de personas que por no quieren, no pueden o porque no sé qué, no lo hacen. Por eso las primeras horas son difíciles para la organización del personal policial en toda la provincia, para tratar de hacer cumplir esta medida. No es simple cuando no hay compromiso ni responsabilidad”.

Santa RosaEfectivos de la Seccional Tercera de Policía de Santa Rosa demoraron a una pareja con sus 4 hijos mientras circulaban por el centro santarroseño.

 La pareja fue demorada en la calle Juan XXII entre Brasil y Bolivia, luego de recorrer calles céntricas. Se les inició la causa por violar el artículo 205 y los notificaron en Libertad.
Los uniformados explicaron que ‘la primera vez se les informa porque muchos no saben bien los alcances, y se inician las actuaciones‘‘Si son reincidentes, el fiscal los detiene de inmediato. Por ahora, las identidades se vuelcan a un banco de datos, donde luego se establece si ya habían sido advertidos de la violación a la cuarentena‘, indicaron.
Por otra parte, encontraron ‘varias personas que iban por la calle a hacer compras, y se les notificó que tienen que ir, comprar, y regresar de inmediato a sus casas. No se pueden quedar paseando‘, contaron.Otros efectivos que realizaban controles indicaron que ‘la gente no entiende que es la cuarentena, no se puede salir a la calle salvo para comprar comida, medicamentos cargar combustible o ir al médico‘.
 El Código Penal establece una pena de 6 meses a 2 años de prisión ‘para ‘el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia‘.