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Se trata de un proyecto que propone que en caso de cesantía o destitución de un agente permanente de su puesto de trabajo por causas vinculadas al ejercicio de acoso, violencia sexual y discriminación basadas en el sexo y/o género, la persona que acredite ser cónyuge, conviviente o dependa económicamente tendrá derecho a ser nombrada, sin prueba de selección, en un cargo vacante de la categoría inferior de la rama correspondiente a la especialidad y condiciones que poseía el agente cesanteado o exonerado.
La única condición es acreditar conocimientos acordes a esa rama y demás requisitos necesarios para el ingreso. En el artículo 1 se solicita incorporar a la Ley 643 de la Provincia de La Pampa y se invita a las Municipalidades y Comisiones de Fomentos a adherir.
García apunta a que aquella persona que acredite ser cónyuge, conviviente o dependa económicamente del victimario que fue desplazado de sus funciones laborales por violencia sexual, acoso o discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género tendrá derecho a ser nombrada, sin prueba de selección, en un cargo vacante de la categoría inferior de la rama correspondiente a la especialidad y condiciones que poseía el agente cesanteado o exonerado.
Asimismo, la peticionante no deberá cumplir tareas en relación de dependencia al momento de dictarse el acto administrativo que establezca el cese de la relación laboral del agente estatal.
El derecho que acuerda el artículo del Proyecto de la diputada deberá ser ejercido dentro de los 180 días corridos desde la fecha de la resolución que disponga la baja del agente estatal. Éste el segundo Proyecto de Ley de la joven legisladora y se relaciona con el anterior llamado “Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de Violencia de Género, Acoso y Discriminación”.
El Proyecto de la legisladora se funda en que aún vivimos una forma de organización social patriarcal, construcción cultural que se reproduce desde hace siglos hasta el día de hoy basándose en estereotipos, ideas preconcebidas y creencias que están muy arraigadas y que determinan conductas y comportamientos.
El machismo, con las violencias que habilita, es parte de esta organización social que llamamos patriarcado y que incluye el sistema político histórico. La violencia machista no es un problema aislado en los espacios políticos.
En este sentido es importante remarcar que en el año 2019 la provincia de La Pampa adhirió a la Ley Nacional 27499-Ley Micaela- que obliga a todos los agentes públicos y funcionarios a estar capacitados en perspectiva de género. La norma contempla la creación de un programa de capacitación en los tres niveles del estado nacional. La ley, tomó ese nombre en homenaje a Micaela García, joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. En este año la mayoría de las personas que integran los poderes del Estado ya están capacitadas, ya sea vía presencial o virtual.
En un comunicado de prensa, García indicó que “La Pampa es precursora de legislaciones y normativas en perspectiva de género y que es de suma importancia que cuando un agente incurre en la violencia y la victima acredite ser su conyugue o conviviente, pueda tener la posibilidad de ser nombrada al cargo vacante si es que depende del agresor económicamente”.
