En un pronunciamiento por el Día de Acción por Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemorará hoy, Durango dijo: “Sabemos que lo que genera condiciones de riesgo para la salud no son sólo los procedimientos clandestinos para realizar un aborto, sino también la ilegalidad y la penalización a quien decide interrumpir un embarazo”.
La legisladora recordó que en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto.
“Desde entonces somos muchas las mujeres y las organizaciones que nos hemos sumado con convicción a la campaña por la despenalización y legalización del aborto en la región y particularmente en Argentina”, agregó la senadora pampeana.
Durango destacó que cada 28 de septiembre, como el resto del año, las feministas continúan reclamando el acceso al aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y 25% del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo.
Y afirmó: “Las mujeres debemos gozar del derecho pleno a la soberanía sobre nuestros cuerpos. La penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del sometimiento. Sabemos, además, que lo que genera condiciones de riesgo para la salud no son sólo los procedimientos clandestinos para realizar un aborto, sino también la ilegalidad y la penalización a quien decide interrumpir un embarazo”.
Recordó que cada año, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, “miles de mujeres son internadas con complicaciones del aborto inseguro” y “la mayoría de ellas concurren de manera tardía a los establecimientos de salud por el temor que genera la penalización y el estigma social que rodea la práctica”.
Durango aseguró: “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar pobres y jóvenes, en tanto que las mujeres de las clases medias y altas se practican abortos -aún en la clandestinidad- pero con garantías sanitarias”.
Al respecto, advirtió que las mujeres de los sectores populares en caso de sufrir complicaciones postabortos, pagan con sus vidas la decisión de interrumpir un embarazo en condiciones sanitarias muchas veces de extrema precariedad.
Recordó además palabras de Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista, quien dijo: “Es imperioso que las mujeres sean auxiliadas en la decisión libre de procrear o de no hacerlo, y es una obligación del Estado de derecho garantizar la individualización y la autonomía”.
“Desde mi lugar, con mi trabajo militante y legislativo, por los derechos de las mujeres y por políticas públicas de salud que acompañen las decisiones de las y los ciudadanos, seguiré trabajando para que pronto en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo sea ley”, finalizó Durango.
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