“Una gran parte de los trabajadores estatales registra embargos judiciales sobre sus haberes remuneratorios. En muchos casos, esos embargos provienen de créditos de entidades financieras para el financiamiento de la compra de bienes de consumo. Y no son pocos los que terminan cobrando prácticamente nada a fin da cada mes”, fundamentó Marín.

Dijo que la iniciativa fue consultada con los gremios de UPCN y ATE y fue recibida con beneplácito. “Es por ello que resulta imprescindible establecer un límite genérico, que proteja a todos los trabajadores estatales provinciales y municipales por igual, y que permita que se apliquen las normas más beneficiosas existentes”, sostuvo.

“La situación económica es apremiante para los que menos tienen y hay situaciones abusivas que aprovechan la necesidad para hacer un negocio lucrativo. Cuando un trabajador o trabajadora debe elegir entre endeudarse y dar de comer a sus hijos no lo piensa demasiado.  Creemos que esta esta iniciativa protege a quienes más necesitan de la protección de la ley”, remarcó Marín.

El tema embargos de sueldos no es un problema nuevo en la provincia. Diario Textual reveló el pasado 20 de agosto que de los 1.800 empleados de planta permanente que tiene la municipalidad de Santa Rosa, el 15% tiene embargos ejecutivos por préstamos de financieras o por no cumplir con la cuota alimentaria.