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La Fiscalía General de la Segunda Circunscripción Judicial lleva adelante una investigación por una importante estafa ocurrida durante los últimos años que dejó como saldo un millonario perjuicio económico a propietarios de campos, contratistas, cooperativas y empresas cerealeras.
De acuerdo a las denuncias radicadas hasta el momento, el monto defraudado por la empresa agropecuaria piquense ronda lo cinco millones de pesos, cifra que podría incrementarse según las estimaciones de los investigadores.
La investigación del importante caso está en manos del fiscal general Armando Agüero, quien ya citó a indagatoria a tres personas, quienes hicieron uso de su derecho a no declarar. Se trata de dos hermanas y el esposo de una de ellas, quienes habrían armado una empresa con el propósito de cometer diferentes estafas que les reportaron un importante beneficio económico.
También hay otras dos personas que estarían vinculadas a la firma, posiblemente empleadas, quienes serán citadas próximamente, según informaron a El Diario.
Todo surgió meses atrás, cuando comenzaron a caer denuncias contra la empresa de servicios agropecuarios “La Pedrera” de parte de diferentes particulares y empresas que no podían cobrar los cheques que recibieron como pago o a los que les desconocían contratos que firmaron en su momento.
Modalidad
De acuerdo a fuentes judiciales, el modus operandi consistía en que los estafadores alquilaban campos -se calcula unas 7.000 hectáreas-, contrataban contratistas para sembrar y cosechar, pautaban el acarreo con transportadoras de la zona y adquirían insumos y maquinarias, todo abonado con cheques o promesas de pago de “porcentajes”. También comercializaban los granos “con entrega a futuro”, donde firmaban contratos en los que congelaban el precio, hacían efectivo el cobro del dinero y arreglaban entregar la carga en meses posteriores.
Lo concreto es que los cheques liberados no fueron cubiertos, los porcentajes nunca fueron pagados e, inclusive, los contratos realizados fueron desconocidos, por ejemplo, con cooperativas como la de Anguil o empresas de renombre como la aceitera “General Deheza” de Córdoba.
En las denuncias consta que cuando los compradores de los granos se acercaron a la sede de la firma a reclamar la entrega pautada del cereal las responsables les manifestaron que desconocían los contratos firmados y les indicaron que la persona que arribó a los acuerdos y firmó los papeles no pertenecía a “La Pedrera”.
Más allá de las excusas de las dos mujeres que regenteaban la empresa, la Fiscalía tiene elementos para demostrar que quien ofrecía el cereal y cobraba el dinero es un joven de apellido Martínez, quien justamente es esposo de una de las titulares de la firma y cuñado de la otra.
Por otro lado, si bien no hay denuncias aún, el mismo sospechoso se vio involucrado entre 2015 y 2016 en otros hechos similares, que fueron cometidos en nombre de la empresa agropecuaria “DM SRL”, de la cual era uno de los dueños. En ese caso las estafas alcanzaron un monto de seis millones de pesos, antes de que la firma se declarara en quiebra dejando un tendal de acreedores, que en muchos casos no denunciaron esperando llegar a un arreglo extrajudicial, pero con la novedad del nuevo caso se espera que se presenten próximamente en el Palacio de Tribunales de General Pico.
Si bien los casos de “estafa” suelen terminar con condenas en suspenso, en esta oportunidad los involucrados podrían recibir una sentencia de cumplimiento efectivo, ya que la escala penal por ese delito va de los seis meses a los seis años de cárcel y dados la cantidad de víctimas y el daño causado la Fiscalía tendría sobrados argumentos para apartarse del mínimo y acercarse al máximo.
