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El bloque de diputados del macrismo local presentó un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia educacional y a la educación como esencial en la provincia. O sea, reabrir las escuelas y las clases presenciales que se suspendieron a partir de esta semana.
En el peor momento de la pandemia, con la segunda ola a pleno, más de 500 contagios diarios y el sistema de salud al borde del colapso, se hicieron eco de un grupo de padres que pide reabrir las escuelas y reaccionó ante la suspensión de las clases presenciales que decidió el gobierno provincial ante la crisis sanitaria.
El grupo de Padres Organizados La Pampa se reunió con los legisladores del PRO y consiguió que se presente el proyecto. Este miércoles convocaron a una movilización a las 18 horas en Casa de Gobierno con globos blancos. Reclaman que sigan las clases presenciales.
La iniciativa del macrismo local lleva la firma de la legisladora María Laura Trapaglia y adhieren Martín Ardohain, Eduardo Pepa y Matías Traba, que también integran la bancada de Propuesta Federal. Y llega en un contexto especial: el gobierno provincial intentó mantener la presencialidad a toda costa, pero la ola imparable de contagios y el pedido de los propios docentes, lo obligó a la suspensión, junto con la decisión de mayores restricciones de circulación para intentar frenar la avalancha de contagios.
"Es imperioso que los niños, niñas y adolescentes mantengan la presencialidad a fin de lograr los objetivos educativos de una forma integral", sostuvo la diputada Trapaglia.
La propuesta del macrismo legislativo es declarar a la educación, en todos los niveles, como actividad esencial y la emergencia educativa para el ciclo lectivo de este año.
Eso implicaría que el ministerio de Educación queda facultado a reorganizar el calendario escolar para recuperar aprendizajes no abordados el año pasado; garantizar la apertura parcial o total de las escuelas y establecer la coexistencia de la modalidad virtual o a distancia; disponer de planes de contingencia; adecuar las medidas que deban tomarse a diferentes escenarios socioeconómicos y contextos epidemiológicos; y disponer los espacios, elementos y materiales de prevención y detección, atender la infraestructura escolar y lo referido a la conectividad.
En los fundamentos, el bloque macrista recuerdan que la educación es un derecho que debe garantizar el estado.
La diputada Trapaglia mencionó que las autoridades de Educación en abril estuvieron en la legislatura y que informaron que el año pasado se ha llegado al 100% de los alumnos, volvieron a la presencialidad solo los que no podían vincularse (22%), y los alumnos sin conectividad superan ampliamente el 25% del total.
"Dentro de los obstáculos a la vinculación, la conectividad es solo uno de ellos; muchos alumnos aún contando con conectividad no han logrado la vinculación. Entonces, ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos con los datos oficiales cuando es evidente que no cierran los números?", se preguntó la exfuncionaria nacional del macrismo.
Desigualdades
"La idea de que la educación escolar es central en el desarrollo cognitivo de los niños, niñas y adolescentes tiene raigambre constitucional y no se encuentra en discusión", argumentó Trapaglia.
"En el contexto de la pandemia, las instituciones educativas y los docentes realizaron esfuerzos extraordinarios a fin de poder cumplir durante el 2020 con el año lectivo en una situación nunca antes vivida e impredecible. Incluso a nivel legislativo se avanzó en la adecuación de las leyes", dijo.
"Por más esfuerzo pedagógico y político que se intente para justificar que las clases fueron dictadas con relativa normalidad durante el 2020, no podemos hacernos los distraídos en vista a las enormes desigualdades que genera el dispar y a veces nulo acceso a las TICS, plataformas, internet, disponibilidad de computadoras, etc. En este sentido, lo que verdaderamente iguala es la presencialidad", sostuvo.
"Es importante garantizar los recursos necesarios para sostener el contacto entre las familias y las escuelas, especialmente en los contextos más vulnerables, para asegurar el sostenimiento y devolución de las actividades escolares y también dar seguimiento a la situación emocional de los chicos", prosiguió.
"La forma virtual de educación demostró ciertas falencias en cuanto al alcance, capacidad tecnológica y vislumbró inequidades sociales en materia educativa. Pero, además, si bien se puede llegar a un grado de alcance en cuanto a los contenidos por currículo, no cumple con la función social de la escuela, la enseñanza de formas de relacionarse, valores y toda la educación relacionada con los espacios de enseñanza y las relaciones humanas. En este contexto, es imperioso que los niños, niñas y adolescentes mantengan la presencialidad a fin de lograr los objetivos educativos de una forma integral", opinó.
"Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil", alertó la legisladora.
"Por estos motivos, cerrar las escuelas debe ser una medida de último recurso que solo podrá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles", planteó.
Garantizar la presencialidad
En otra parte del proyecto, Trapaglia consideró que "evaluar el riesgo de transmisión a nivel local debería ser un factor determinante en las decisiones relacionadas con el funcionamiento de las escuelas. Además, el cierre nacional de las escuelas debe evitarse en la medida de lo posible. Allá donde existan altos niveles de transmisión comunitaria, los sistemas de salud estén sobrecargados y el cierre de las escuelas sea inevitable, deberán establecerse medidas de salvaguardia. Si los niños tienen que afrontar otro año sin escuela, los efectos seguirán haciendo estragos en las próximas generaciones", pontificó.
Trapaglia también mencionó que el ministro de Educación, Pablo Maccione, aseguró que desde marzo solo se contagió un porcentaje menor, 0,67%, en las aulas.
"La educación demostró ser indispensable e irremplazable para el desarrollo de la persona, además de su importancia social, por lo que debe ser entendido entre los servicios públicos esenciales. Además, la pandemia demostró que la pérdida, aunque sea de unos meses, de la educación tiene problemas cognitivos graves y trae aparejados problemas sociales de importancia", insistió.
"No alcanza con declarar servicio público a la telefonía, internet y la televisión. Debemos hacernos cargo de la situación actual y declarar actividad esencial a la educación, sin la cual un país no sale adelante, no crece ni se desarrolla, no da oportunidades a quienes menos tienen y tampoco nos da lugar a una juventud formada en pleno ejercicio de sus derechos", reafirmó.
"La educación es un bien social por el cual todos debiéramos adoptar conductas positivas y activas que aseguren su vigencia. Independientemente de constituir un derecho humano individual es, simultánea y claramente, un bien social colectivo, por el cual se generan obligaciones para el Estado. Por eso, es necesario adoptar con urgencia medidas desde las políticas públicas para asegurar el funcionamiento del servicio educativo, el cual es considerado esencial para la comunidad por tratarse de un interés colectivo sobre el que se asienta el progreso de las sociedades y el pleno desarrollo humano de sus integrantes", alegó.
"El hecho de declarar la emergencia educativa en la provincia no es un mero capricho, sino la mejor forma que encontramos de que se puedan tener las herramientas necesarias sobre la marcha de los acontecimientos para que la presencialidad en los establecimientos no se vea en jaque cada vez que haya modificaciones en el estatus sanitario de las distintas ciudades", finalizó.
Gentileza: El diario
