El pedido fue formalizado por los abogados de los familiares y víctimas del vuelo tras un exhaustivo alegato que insumió al menos cuatro jornadas de debate, de más de tres horas cada una.
Nacionales03/09/2021
InfoTec 4.0
El accidente se produjo el 10 de octubre de 1997 en Fray Bentos, Uruguay y en él murieron 74 personas.
Los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumachella, representantes de los familiares y víctimas del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, solicitaron en su alegato las penas de entre 12 y 25 años de prisión por el delito de "estrago doloso" para 24 de los más de 35 acusados, en base a su responsabilidad en la tragedia del avión que se estrelló el 10 de octubre de 1997 en Fray Bentos, Uruguay, donde murieron 74 personas.
Se trata de pedidos de condena por el delito "de estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas, por conocimientos especiales de los acusados, los antecedentes y la violación de normas" tras encontrar como "coautores".
La mayoría de los acusados, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de "estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas", pero además por "el conocimiento especial de los acusados, los antecedentes y la violación a las normas".
Tras un exhaustivo alegato que insumió al menos cuatro jornadas de debate, de más de tres horas cada una, la querella hizo un relato pormenorizado de la responsabilidad y participación que tuvo cada uno de los acusado en la tragedia aérea.
La mayoría de los acusados, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de "estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas".
El lugar donde cayeron restos del avión de Austral en Fray Bentos fue visitado por familiares de las victímas en 1998. Pasaron más de dos décadas hasta que la causa llegó a juicio.
Para ello, Rumachella se apoyó en el artículo 190 del Código Penal, que reza que "será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave", porque, dijo, quedó probado que lo que sucedió ese día fue una "trampa mortal", utilizando una frase adoptada por el tribunal en la sentencia de la masacre de Cromañón.
La abogada aclaró que ese misma norma penal indica que "si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión", además de confirmar que cada conducta de los imputados que se probó en el juicio, "merece un reproche".
Tras la fundamentación, los abogados solicitaron la pena de 25 años de prisión por el delito de "estrago doloso" en su calidad de coautores para Manuel Morán Casero (entonces presidente de Austral), Mario Sruber (vicepresidente de Austral, y los directores de Austral Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (gerente de Área Técnica-Austral), Jorge Fernández (gerente de Mantenimiento-Austral).
Familiares de las víctimas, en el inicio del juicio que se dio en agosto de 2019. Foto: Guillermo Rodríguez Adami
El juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019.
También como coautores y la misma pena a Ricardo Embón (gerente de Planeamiento e Ingeniería-Austral), Pablo Chini (gerente de Aseguramiento de Calidad-Austral), Juan Manuel Baigorria (director nacional de Aeronavegabilidad-DNA), Carlos González (director de Fomento y Habilitación-DNA), y Hugo Adib (jefe división Ingeniería-DNA), Carlos Carmenini (director de Aviación Transporte-DNA).
Al pedido de 25 años de prisión se suman Norberto Sotelo Ossa (director Aviación de Transporte- DNA), Eduardo Sánchez Ara (Coordinador del Proyecto de Certificación), Norberto Nieves (auditor de Aseguramiento de Calidad Austral), Enrique Ventura de Anchorena (gerente de Operaciones Austral) y Danilo Wenk (director de Certificación Aeronáutica-DNA), este último en concurso con falsedad ideológica.
En tanto, a los acusados Guillermo Destefanis y Juan Fortuny se los imputó por el mismo delito pero en calidad de "partícipes primarios", por lo que pidieron 16 años y siete meses de prisión, mientras que Andrés Arribillaga (instructor Austral) fue acusado de ser "partícipe secundario" en el mismo delito, por quien pidieron 12 años de prisión.
Hubo tres casos en que los imputados no fueron acusados porque fallecieron en estos 24 años que duró el proceso: Raúl Mújica (director de Austral), Héctor Gerling y Justo Díaz (director de Coordinación Técnica DNA).
Además, el fiscal Eduardo Taiano mandó a juicio otras dos causas conexas en las que están acusados Miguel Salvioli (subgerente de Ingeniería-Austral), Norberto Verne (subgerente de Planeamiento-Austral), Claudio Gorla (inspector-DNA), Héctor Pérez (inspector-DNA), Carlos Ford (gerente de Operaciones de Vuelo-Austral), Alberto Muñoz (gerente de Logística-Austral), Rodolfo Giromini, Roberto Pignato (piloto-instructor), Ángel Esnagola (piloto-instructor) y Juan Astrada Ladrón de Guevara (inspector-DNA).
Sobre estos acusados podrá expedirse y hacer un pedido de pena, en caso que corresponda, al fiscal de juicio Juan Patricio García Elorrio.
El vuelo 2553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos, y el juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019 a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palloti y José Martínez Sobrino.
Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.
Austral Líneas Aéreas había sido gestionada hasta 1995 por la aerolínea española Iberia, y era gerenciada en ese momento por el Instituto Nacional de Industria (INI) de España.
El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la utilización de fondos vinculados a multas de tránsito.
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