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El mencionado proyecto expresa en los considerandos que "Como es de público y notorio conocimiento, las últimas semanas se han venido sucediendo en la provincia de Río Negro numerosos hechos intimidatorios perpetrados por grupos violentos que dicen ser mapuches pero que nada tienen que ver con los pueblos originarios, pues tales hechos vandálicos, fueron repudiados por muchas comunidades mapuches que buscan evitar su estigmatización.
En pocas semanas se produjeron tres ataques incendiarios generando temor en toda la sociedad rionegrina. El primero fue contra el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón, ahora custodiado por la Policía Provincial de Río Negro, y el segundo en instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche. El tercero se produjo contra las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón (CAP). En este contexto, la gobernadora Arabela Carreras los denunció como hechos terroristas y dijo que fueron halladas inscripciones “con leyendas mapuches”, que contenían amenazas a autoridades judiciales y provinciales".
Luego establecen su total repudio al violento accionar de estos grupos con ribetes terroristas la plantear que "Sin perjuicio del legítimo reclamo de las comunidades originarias respecto de la ocupación de tierras ancestrales, es inadmisible el accionar violento y destructivo de grupos que no reconocen al Estado Argentino e intentan vincularse con la comunidad mapuche, cometiendo actos de terrorismo, resistiéndose a reconocer las autoridades elegidas por el pueblo dentro de un estado de derecho. La violencia de estos grupos mantienen en vilo a una comunidad cuyo temor es que este tipo de actos se extienda y reproduzca en propiedades públicas y privadas, poniendo en riesgo la vida de personas".
Motoniveladora de Vialidad de Río Negro incendiada intencionalmente
"En virtud de estos acontecimientos nos solidarizamos con las provincias patagónicas de Río Negro, Neuquén y Chubut por la situación que les toca atravesar, principalmente con la primera de estas, donde se han suscitado los últimos hechos violentos", continúan.
Fiinalmente solicitan la intervención del Estado Nacional en auxilio de las provincias que están sufriendo los ataques por parte de estos grupos marginales al expresar: "solicitamos al Gobierno Nacional para que en el ejercicio de sus funciones ponga a disposición de todas las provincias afectadas los recursos necesarios para hacer frente a esta situación en resguardo de la seguridad de las instituciones y la población en general. Nuestro país tiene antecedentes violentos que han marcado nuestra historia. Estos, una vez que comienzan, no se sabe cuándo ni como terminan, menos aún sino hay una respuesta certera y concreta frente a los mismos, ni una posición firme frente a los actos a todas luces delictivos".
