INFOTEC 4.0
En los considerandos, se habla de una "tendencia de crecimiento que se observa en la recuperación extendida de los puestos de trabajo registrados, perdidos durante la pandemia, y con el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios".
El Gobierno nacional estableció una reducción gradual de la doble indemnización por despido y fijó que entre enero y junio del año próximo se producirá un descenso escalonado de la suma extra que percibirá el trabajador en caso de ser echado sin justa causa.
El decreto 886/21, publicado este viernes en el Boletín Oficial, extiende la emergencia pública en material ocupacional pero reduce de manera gradual los montos extras que se abonan por indemnización.
De esta forma, la persona que sea despedida sin causa entre el primero de enero de 2022 y el 28 de febrero del mismo año tendrá un incremento en su indemnización del 75%.
Si el despido se produce entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2022 la indemnización extra será del 50%; mientras que si la desvinculación ocurre entre el 1 de mayo y el 30 de junio el porcentaje de indemnización adicional será del 25%.
El decreto aclara que estos montos se suman a la indemnización que le corresponde por ley a cada trabajador, según la legislación aplicable en cada caso.
Asimismo, el artículo cuarto del decreto establece que a los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva el monto correspondiente al incremento no podrá exceder, en ningún caso, la suma de 500.000 pesos.
El decreto señala además que "no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8º de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".
En los considerandos, se habla de una "tendencia de crecimiento que se observa en la recuperación extendida de los puestos de trabajo registrados, perdidos durante la pandemia, y con el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios".
Asimismo, dice que "se constata en los últimos datos provenientes de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes al mes de septiembre de 2021, que el empleo asalariado registrado en las empresas privadas presenta un crecimiento sostenido y generalizado en la mayoría de las regiones del país y en un amplio número de sectores económicos".
En los considerandos se señala asimismo que entre enero y septiembre de este año se incorporaron al empleo formal 129.000 trabajadores y que la tasa de desempleo, que a mediados de 2019 era de 10,60%, ahora se ubica en el 8,20%.
Una medida anunciada
Este jueves, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, indicó que la medida se toma al existir "un nivel de recuperación no solo del empleo sino de la búsqueda de empleo, lo que se conoce como tasa de actividad".
"La situación ha mejorado sustancialmente, se han creado 400 mil puestos de trabajo y estamos en una situación de empleo mejor que en diciembre de 2019. La creación de empleo y la baja de la inflación son los dos granees objetivos", resumió Cerruti.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya había anticipado el mes pasado las modificaciones oficializadas hoy respecto de la doble indemnización en caso de despido injustificado.
En un encuentro con empresarios, el funcionario había señalado que "se recuperará todo el empleo perdido durante la pandemia".
"Cuando podamos medir la situación de diciembre próximo (en alusión al mes en curso), que la publicaremos en febrero, vamos a haber recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia, como mínimo", había indicado Moroni a fines de noviembre.
En esa oportunidad también había precisado que "hay sectores, como la manufactura y la construcción, que están arriba de los empleos que tenían antes de la pandemia".
La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron dos medidas establecidas por la gestión de Alberto Fernández en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus, inicialmente por 180 días y que luego se fue prorrogando sucesivamente a lo largo de 2020 y hasta fin de este año.
