En una nota, uno de los detenidos le apuntó a una fiscala y aseguró que es presionado para aceptar un juicio abreviado “por una cosa que no hice”.
Policiales05/07/2022
Infotec 4.0
La huelga de hambre por tiempo indeterminado se inició en la Comisaría Segunda de General Pico. La protesta se hace contra el Poder Judicial: “no es contra la policía”, aclararon.
La nota fue publicada en el portal Plan B Noticias, en la misma el detenido contó su caso y fundamenta la huelga de hambre:
Mi nombre es Leonardo Matías Prado. Quiero hacer pública mi situación porque me encuentro privado de mi libertad injustamente desde hace más de 7 meses. Me encuentro alojado en la Comisaría Segunda de General Pico, junto a mi hijo Dino Pérez Albornoz.
La fiscal Verónica campo me acusa injustificadamente de haber faenado dos cabezas vacunas en un campo cerca de la zona de ítalo, a 100 km de la localidad de Gral Pico. Para sostener esta acusación presentó escuchas telefónicas supuestamente entre una persona y yo. Me pincharon el teléfono de manera ilegal sin autorización de un juez y me estuvieron grabando por más de un mes y medio. Desde qué me detuvo y hasta ahora me presiona con firmar un acuerdo de juicio abreviado de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y me dice que si yo lo firmo sueltan a mi hijo.
Yo no lo firmo porque es un capricho de ella, y no voy a aceptar una culpa que no tengo. Esta causa está manejada de manera subjetiva contra mi persona, el Poder Judicial se maneja sin respetar los derechos constitucionales de las personas, simplemente deciden pinchar un teléfono y ponerse a escuchar, allanaron sin autorización judicial mi casa, revisaron mi camioneta y no encontraron nada, pero la fiscal, si no firmo el acuerdo que mencione se encapricha con llevarme a juicio e intentar condenarme con 7 años de prisión.
Además, me acusa de amenazar personas con armas de fuego para que declaren a mi favor, siendo que los testigos son todos personal policial, y los civiles son compartidos con mi defensa.
Una vez más son habladurías de la fiscal, sin ninguna prueba que lo corrobore. No hay denuncias en mi contra respecto de esa situación.
En la audiencia que tuvimos el 23 de junio que fue una audiencia de procedimiento intermedio mi defensora la dra. Camila Aimar hizo una serie de planteos respecto de este procedimiento y pidió la nulidad de las pruebas por no haberse respetado el debido proceso.
Frente a este planteó el juez se ofendió, la fiscal no sabía qué cara poner y cortaron la audiencia.
Mi defensora también había pedido el reexamen sobre la prisión que estoy cumpliendo para que me den la libertad y la fiscal dijo que no podía que no tenía tiempo que se tenía que ir. Tal es así que el juez en complicidad con la fiscal decidió dar fin a esa audiencia por esa razón.
No respetan el código procesal penal de La Pampa, no respetan los derechos constitucionales, el juez ordenó cortar la audiencia y le exigió a mi abogada que le hiciera el planteó por escrito porque no supo que responder en ese momento y lo que correspondía era que dictará la nulidad de esa prueba porque él sabe bien que no se respetó el debido proceso.
Posteriormente mi defensora volvió a solicitar que se haga la audiencia de reexamen, la que se hizo el día 1 de julio por zoom, estando presentes en la sala el juez Ambrogeti, la fiscal Campo el abogado que defiende a mi hijo y los policías que nos llevaron en custodia.
Mientras mi abogada hablaba tanto fiscal como juez se burlaban de lo que ella decía, ponían caras y hacían gestos como diciendo que mi defensora estaba perdiendo el tiempo, que ellos sabían lo que iban a hacer.
En esa audiencia volvió a cortar los audios y grabación (por un supuesto cuarto intermedio) en el cual sin registro de audio se puso de acuerdo con la Fiscal para “fundamentar” negarme la libertad.
Y así fue, no me dieron la libertad y acá estoy preso esperando que resuelvan el planteo de nulidad. Es mi derecho llegar a juicio en libertad sobre todo porque las dos cabezas vacunas fueron compensadas económicamente, junto a mí hubo dos personas más imputadas en la causa (en total fuimos cuatro) y estas personas están en libertad, habiendo reconocido ellos el hecho, le pagaron al presunto dueño de esas vacas el dinero que costaban, no existe un motivo para que yo esté preso, sin embargo, la fiscal dice que yo amenazó gente o que no sé cuántas cosas más hago, pero no hay prueba de eso, ni denuncia de esas personas en mi contra.
Como yo, hay otras personas en la misma situación. El Poder Judicial en general pico no se maneja como corresponde, violan todos los derechos y garantías constitucionales y nadie defiende al imputado como corresponde, porque son todos uno. A mí me tienen preso pero por ejemplo al empleado judicial que acusan en Santa Rosa, de pornografía infantil y distribución está en libertad, y es un delito mucho más grave que el supuesto robo de 2 vacas en septiembre de 2021. Cuando a ellos les conviene meten preso a una persona y cuando no hacen la vista gorda, hay personas acusadas de delitos muy graves y sin embargo están en libertad porque si no conocen a una persona conocen a la otra dentro de la justicia. Quiero que me den mi libertad porque es lo que corresponden a mí y a mi hijo.
Es hora de que esto cambie, la gente no se anima a denunciar, pero estas cosas se tienen que saber. Por esta razón es que junto a mi hijo nos declaramos en huelga de hambre, hasta que respeten nuestros derechos, y tranten mi causa con la seriedad que requiere la investidura tanto del juez como de la fiscalía. Y quiero aclarar que esto es contra el Poder Judicial, no contra la policía».
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