Fuentes judiciales confirmaron que la presentación fue formulada  en la tarde de este jueves por el abogado Carlos Beraldi diciendo en apenas dos líneas “desisto del recurso de apelación” y pidiendo que el caso vuelva a manos del juez Sebastián Casanello. No hubo más aclaraciones.

La jugada de la defensa se da en medio de lo que era una fuerte interna en el segundo piso de Comodoro Py 2002: tal como había revelado Infobae el 13 de junio, el juez Eduardo Farah y su colega Mariano Llorens no se ponían de acuerdo en el pedido de la defensa para revocar su falta de mérito y obtener su sobreseimiento. Fue por eso que hubo que convocar a un tercer magistrado para definir: Pablo Bertuzzi, el único habilitado en el tribunal para pronunciarse.

Aunque un voto no es un voto si no integra un fallo, trascendió el contenido de la opinión de Llorens y Farah en la resolución que se preparaba. Farah se inclinaba por sobreseer a la Vicepresidenta, mientras que Llorens preparaba una decisión que rechazara el pedido y encomendara al juez Casanello a tener una mirada “global” de la situación judicial de la ex jefa de Estado. Precisamente, el lunes próximo comenzarán los alegatos en el juicio oral en la llamada causa “Vialidad”, la única en la que Cristina Kirchner está sentada en el banquillo y podría enfrentarse a una condena.

Bertuzzi no había elaborado aún su voto. Apenas trascendieron esos rumores sobre cómo podría salir el fallo y se publicaron, el abogado Beraldi presentó una recusación contra Llorens y Bertuzzi. No por esos trascendidos, sino porque dijo que ambos se encontraban impedidos de actuar en la causa por su apartamiento en un expediente conexo. El encargado de analizarlo fue el juez Farah, que este lunes se reincorporó después de una licencia. El martes, Farah rechazó apartar a sus colegas, pero decidió suspender el acuerdo (una inminente definición) a la espera de que Casación convalidara su criterio. El miércoles mismo, la defensa apeló en busca de insistir en el apartamiento de Llorens y Bertuzzi.

Sin embargo, este jueves, la defensa de Cristina Kirchner sorprendió a todo el segundo piso de Comodoro Py notificando que desistía del pedido de apelación por el sobreseimiento de la titular del Senado y solicitaba el regreso del expediente al despacho de Casanello. “Esto es rarísimo, no lo vi en mis más de 30 años de carrera”, dijo a Infobae un juez que fue consultado ante la noticia.

Lo cierto es que, desde la defensa, solo confirmaron a este medio la decisión de retirar el recurso y afirmaron que todo lo que se diga demás son “especulaciones periodísticas”.

La causa por la “ruta del dinero k” se abrió en 2013 para investigar a Lázaro Báez y es la única en la que Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria y no quedó procesada. A los ojos de la Vicepresidenta, sigue abierta la “persecución judicial” en su contra, tal como lo dijo en el escrito de apelación que reveló Infobae en mayo pasado.

El caso

Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otra quincena de personas fueron condenados en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 por haber lavado 55 millones de dólares que provenían de la obra pública que recibió durante los 12 años de kirchnerismo y la facturación en negro, según el fallo que lo condenó y que ahora está siendo revisado por la Sala IV de Casación. Cristina Kirchner no formó parte de ese debate porque el juez Casanello siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntando hacia la ex mandataria, hasta que finalmente ordenó que Cristina Kirchner fuera llamada a declarar.

En 2018, Casanello cumplió con la disposición del llamado a indagatoria en la que CFK rechazó las acusaciones y habló de la persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. Al analizar las pruebas, insistió con su criterio y firmó la “falta de mérito” de la entonces senadora por entender que no había suficientes pruebas para procesarla ni para sobreseerla.

En marzo del 2019, Llorens y Bertuzzi confirmaron aquella decisión (Farah no había regresado aún a la Cámara Federal porteña) diciendo que había que profundizar la investigación y dando instrucciones al juez sobre distinta prueba a producir que incluían sumar a la investigación tres declaraciones como “arrepentidos” de la causa cuadernos: la del ex secretario de Obras Públicas José López; la de ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo y la del ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares.

En septiembre pasado, Farah y Llorens analizaban si confirmaban el procesamiento del abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como coautor del lavado de USD 55 millones. Pero en ese fallo se coló la instrucción al juez Casanello para “resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción de la presente causa”. Se aludía a un artículo del 207 del Código Procesal Penal de la Nación que dice: “La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo”.

Había tres implicados con falta de mérito. Los tres pidieron ser sobreseídos. En marzo, la decisión llegó para Antonio Demarco, actual representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y quien aparecía como intermediario en la compra del campo El Entrevero. En mayo, le tocó a Damiani, ex presidente de Peñarol.

La Camara Federal debatía ahora el planteo de CFK. “La aventura procesal del anterior gobierno de tratar de meter a la doctora Cristina Fernández de Kirchner por la fuerza en este expediente” debió haber “quedado definitivamente abortada, pero en estas actuaciones (por la ruta del dinero k) no sucedió” y se llegó a la “situación inédita”, sostuvo la defensa en el escrito que circula por el segundo piso de Comodoro Py. “No existe evidencia alguna que demuestre una eventual participación de CFK en las presuntas maniobras de lavado de activos” y tampoco apareció “ninguna prueba que pudiera acreditar esa participación luego de transcurridos tres años, casi mil días, de investigación”.

En ese contexto es que se dieron las diferencias en la Cámara Federal, la convocatoria de Bertuzzi, la recusación de Beraldi y ahora el desestimiento al planteo original. Según la resolución firmada esta tarde por Farah, “frente al escrito presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner -que desiste de la apelación deducida en este legajo-, no siendo aplicables las consideraciones que expuse en las resoluciones del 5 y 6 de julio, déjese sin efecto la convocatoria del Dr. Pablo Bertuzzi para intervenir (por no estar vigentes los motivos que la exigieron) y pase el legajo a resolver con la integración original que tuviera”.