Como se expresó al momento de enviar el proyecto que se plasmara en la actual Ley N°3403, las estimaciones se basaron en las pautas macroeconómicas realizadas por el Gabinete Económico del Gobierno Nacional, no obstante alertar en el mensaje a esa Cámara, sobre las salvedades respecto a la interpretación y utilización de las mismas, sin perjuicio de persistir en el criterio tradicional de utilizarlas para la formulación del presupuesto provincial.

Como se recordará el crecimiento del Producto Bruto Interno se había estimado en el 4% y la Variación de Precios al Consumidor en el 33% anual, observándose que, si bien la economía viene en pleno crecimiento, y se espera concluir en el 3,4%, no lo es el indicador del proceso inflacionario, y es así que se refleja en las cuentas públicas.
En relación a los Recursos el incremento previsto alcanza a la suma de $ 37.155.709.697, de los cuales $ 35.489.867.784 son por incremento de la recaudación y $ 1.665.841.913 corresponden a aportes no reintegrables y a la utilización de Superávit de Ejercicios Anteriores.

En lo que respecta a las erogaciones se prevé un incremento por $ 34.536.964.772.
La mayor preponderancia en las partidas de gastos, un 41.86 %, tiene como destino atender la política salarial. Como se ha ratificado en las mesas de negociaciones paritarias es compromiso de este Poder Ejecutivo que los salarios de los empleados y empleadas del sector público no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y, además, siempre que las posibilidades financieras así lo permitan, que los mismos tengan un incremento real en el ejercicio en curso, tal como ocurrió en el primer semestre del corriente año.

Asimismo, se contempló la creación de cargos en el área de Educación en virtud del acuerdo logrado en el marco de la Comisión Paritaria Docente, donde se convino impulsar dicha creación a fin de paliar los efectos de la pandemia en el tema educativo.
Como resultado de un mayor ingreso de recursos coparticipables a los Municipios y Comisiones de Fomento, resulta necesario prever una ampliación de los créditos presupuestarios en las partidas destinadas a atender las transferencias relativas a los distintos regímenes de distribución vigentes.

Para la atención de los servicios públicos, se proponen ampliaciones en las partidas de funcionamiento en las distintas áreas de Gobierno, fundamentalmente en  las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social, donde los incrementos de precios operados en el transcurso del año y las proyecciones estimadas hacen necesaria esta solicitud.