El juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz, absolvió hoy a la celadora Gisela Maximiliana Funes Maidana, acusada de vejaciones, severidades y apremios ilegales, por entender que actuó en cumplimiento de una orden legal –dada por un superior– cuando requisó a un grupo de mujeres en la Alcaidía de la Unidad Regional I, que habían sido detenidas por incumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio que regía en ese momento a raíz de la pandemia por Covid-19.
Judiciales23/08/2022
InfoTec 4.0
“No queda duda alguna que la orden impartida a Funes Maidana (35 años) fue legítima, y su contenido también era lícito, por lo que existía obligación de ella de cumplirla bajo apercibimiento de recibir una sanción personal”, señaló Boulenaz en los fundamentos de la sentencia. En tal sentido, agregó que la conducta de la policía quedó encuadrada en el artículo 34, inciso 4° del Código Penal, que expresa que no es punible la persona que obra “en cumplimiento de un deber, o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
El magistrado mencionó específicamente el decreto 2017/80 y la orden interna 01/12. El primero, sobre el régimen de detenidos, prevé que “a cada detenido, antes de su alojamiento, se le requisarán prolijamente sus ropas; retirándosele el dinero, cinturones, corbatas y todo otro elemento que pudiera servir para atentar contra su propia vida”. La orden interna de la Seccional Sexta –donde funciona la Alcaidía de Mujeres– indica que las funciones de la celaduría, entre otras, son las de requisar a las detenidas en forma completa, “reteniendo cualquier elemento que puede llegar a utilizarse para lesionar al personal policial, a otra detenida o a sí misma”; y añade que el personal será sancionado en caso de observarse “alguna irregularidad en el cumplimiento de la orden”.
“La imputada obró en cumplimiento de una orden –obediencia debida-, que le fue impartida por los superiores jerárquicos (presentes y pasados), correspondiéndose su accionar con el marco normativo dispuesto por el decreto 2017/80 y la orden interna 01/12; todo lo que le otorgaba a la requisa practicada en contra de las denunciantes, el correspondiente andamiaje de legalidad necesario para su acabado cumplimiento por parte del personal subalterno”, agregó Boulenaz.
“Si bien el Código Penal no establece la clase de obediencia a la que se refiere; la doctrina coincide en forma unánime en que se trata de la obediencia que se debe al superior jerárquico administrativo (…) En este orden de ideas, la orden cumplió con los dos requisitos o presupuestos de forma (emanada de un superior y obligatoriedad para el subordinado; como así adecuado al ámbito de competencia del primero) y material, reservado para el contenido de lo mandado a ejecutar”, indicó el juez.
La acusación estuvo a cargo de la querella, ejercida durante el juicio oral por la defensora oficial Carolina Muñoz –en representación de dos de las detenidas–, al disponerse oportunamente la conversación de la acción penal pública en calidad de acción privada, ya que el Ministerio Público Fiscal había archivado el legajo por falta de pruebas.
La querellante había requerido en los alegatos finales una pena contra la cabo primera de un año y seis meses de prisión en suspenso, tres años inhabilitación especial y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la realización de “un plan de capacitación validado por instituciones oficiales en materia de derechos y garantías constitucionales”.
La defensa, ejercida por el abogado particular Benjamín Eugenio Ortiz, en cambio, había planteado la absolución de la celadora.
Fundamentos.
Boulenaz, al momento de fallar, indicó que los hechos, ocurridos el 13 de abril de 2020, no fueron cuestionados; como tampoco las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuáles fueron esos hechos? Que Funes Maidana, en su condición de celadora de la Alcaidía que está ubicada en la Seccional Sexta, requisó a un grupo de detenidas por violar el aislamiento obligatorio –entre ellas las denunciantes– y que les exigió que se quitarán la ropa, se bajaran prendas íntimas hasta la rodilla y que hicieran flexiones y tosieran o estornudaran.
Por lo tanto, subrayó, la única controversia entre las partes fue la significación jurídica que debía otorgársele a esos hechos. La pregunta que se planteó en el fallo fue si estuvo acreditado “el elemento subjetivo de la pena penal prevista en el artículo 144 bis, inciso 3°” del C.P. ¿Qué dice ese texto? Que será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años, e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales.
En ese contexto, el juez concluyó que “frente a una orden legítima y de contenido lícito, la conducta de la imputada estuvo ajustada a derecho por el cumplimiento de un deber jurídico, y por tal opera la causa de justificación conforme al artículo 34 inciso 4°”; añadiendo que “la celadora –de anteúltimo rango o jerarquía policial– no tenía formalmente el deber de realizar un control de legalidad de lo ordenado, de modo que formalmente la orden impartida se presentaba como legítima, de carácter obligatorio y sin posibilidad de revisión alguna por parte de ella”.​
El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena contra el policía Cristian Martín Galván a un año y tres meses de prisión en suspenso como autor del delito de abuso genérico de autoridad, por solicitarles a cuatro presos que estaban privados de su libertad en la subcomisaría de Lonquimay, que colaboraran en la organización de su casamiento.
Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del exfuncionario peronista.
El proceso judicial contra Agustín “El Gitano” Miguel, acusado de cometer múltiples estafas por un monto superior a los 40 millones de pesos en General Pico, Intendente Alvear y Bernardo Larroudé, avanzó en las últimas horas con un acuerdo judicial que le permitirá recuperar la libertad bajo estrictas condiciones.
Al finalizar la tercera jornada del juicio oral contra Francisco Roldán, acusado de atropellar y matar a Lía Falcón, se registró una pelea entre familiares. La hija del imputado atacó a una amiga de la joven fallecida.
Fue hallada culpable del delito de por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de los menores.
“Se intimó a las partes para que paguen más de US$ 500 millones, pero no pagaron”, lamentó Luciani.
El tradicional Baile de Egresados del Club Sportivo Realicó, uno de los eventos más esperados por la comunidad, ya tiene fecha confirmada: se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025, desde las 22 horas, en las instalaciones del club. Esta emblemática celebración marcará el cierre de una etapa inolvidable para los estudiantes de las distintas instituciones educativas de la localidad y la región, con un formato renovado y una fuerte apuesta a la transparencia, la organización y la inclusión. Chau a la interminable cola para elegir la mesa, se implementará un nuevo sistema de sorteo y habrá importantes mejoras organizativas.
La historia de Daniel Hécker emociona y contagia entusiasmo. “Nunca es tarde para cumplir los sueños”. A sus 83 años, el ex intendente de Embajador Martini, referente histórico y querido de su comunidad, decidió cerrar una cuenta pendiente: finalizar sus estudios secundarios. Su ejemplo se ha convertido en una verdadera inspiración para todos los que lo rodean, demostrando que el deseo de aprender y superarse no tiene edad.
Se trata de mandatarios provinciales ligados a la ex presidenta Cristina Kirchner
El siniestro ocurrió en la tarde-noche del miércoles, a la altura del kilómetro 501 de la Ruta Nacional 5, cerca de Pellegrini. En el choque múltiple intervinieron tres vehículos. La víctima fatal era oriunda de Juan José Paso.
Un contingente de alumnos de escuelas primarias de General Acha, General Campos y Rolón vivió un grave episodio de intoxicación alimentaria durante su viaje de egresados en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. Más de treinta personas, entre niños y adultos acompañantes, debieron recibir atención médica por vómitos, diarrea y malestar generalizado, e incluso uno de los menores permanecía internado este jueves al mediodía sin poder regresar con el resto del grupo a La Pampa.
Dos hombres vestidos de traje irrumpieron por la fuerza en una vivienda de la calle Juan XXIII, maniataron a una mujer de 75 años y huyeron con un botín millonario. La Policía trabaja para dar con los autores y el vehículo utilizado en el asalto.
Lo reveló Radio Rivadavia. Es un planteo de la mesa chica tras las elecciones. Los primeros destinos serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.
Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves en la localidad de Parera dejó como saldo un motociclista con lesiones leves, según las primeras informaciones oficiales.
