El juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz, absolvió hoy a la celadora Gisela Maximiliana Funes Maidana, acusada de vejaciones, severidades y apremios ilegales, por entender que actuó en cumplimiento de una orden legal –dada por un superior– cuando requisó a un grupo de mujeres en la Alcaidía de la Unidad Regional I, que habían sido detenidas por incumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio que regía en ese momento a raíz de la pandemia por Covid-19.
Judiciales23 de agosto de 2022
InfoTec 4.0
“No queda duda alguna que la orden impartida a Funes Maidana (35 años) fue legítima, y su contenido también era lícito, por lo que existía obligación de ella de cumplirla bajo apercibimiento de recibir una sanción personal”, señaló Boulenaz en los fundamentos de la sentencia. En tal sentido, agregó que la conducta de la policía quedó encuadrada en el artículo 34, inciso 4° del Código Penal, que expresa que no es punible la persona que obra “en cumplimiento de un deber, o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
El magistrado mencionó específicamente el decreto 2017/80 y la orden interna 01/12. El primero, sobre el régimen de detenidos, prevé que “a cada detenido, antes de su alojamiento, se le requisarán prolijamente sus ropas; retirándosele el dinero, cinturones, corbatas y todo otro elemento que pudiera servir para atentar contra su propia vida”. La orden interna de la Seccional Sexta –donde funciona la Alcaidía de Mujeres– indica que las funciones de la celaduría, entre otras, son las de requisar a las detenidas en forma completa, “reteniendo cualquier elemento que puede llegar a utilizarse para lesionar al personal policial, a otra detenida o a sí misma”; y añade que el personal será sancionado en caso de observarse “alguna irregularidad en el cumplimiento de la orden”.
“La imputada obró en cumplimiento de una orden –obediencia debida-, que le fue impartida por los superiores jerárquicos (presentes y pasados), correspondiéndose su accionar con el marco normativo dispuesto por el decreto 2017/80 y la orden interna 01/12; todo lo que le otorgaba a la requisa practicada en contra de las denunciantes, el correspondiente andamiaje de legalidad necesario para su acabado cumplimiento por parte del personal subalterno”, agregó Boulenaz.
“Si bien el Código Penal no establece la clase de obediencia a la que se refiere; la doctrina coincide en forma unánime en que se trata de la obediencia que se debe al superior jerárquico administrativo (…) En este orden de ideas, la orden cumplió con los dos requisitos o presupuestos de forma (emanada de un superior y obligatoriedad para el subordinado; como así adecuado al ámbito de competencia del primero) y material, reservado para el contenido de lo mandado a ejecutar”, indicó el juez.
La acusación estuvo a cargo de la querella, ejercida durante el juicio oral por la defensora oficial Carolina Muñoz –en representación de dos de las detenidas–, al disponerse oportunamente la conversación de la acción penal pública en calidad de acción privada, ya que el Ministerio Público Fiscal había archivado el legajo por falta de pruebas.
La querellante había requerido en los alegatos finales una pena contra la cabo primera de un año y seis meses de prisión en suspenso, tres años inhabilitación especial y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la realización de “un plan de capacitación validado por instituciones oficiales en materia de derechos y garantías constitucionales”.
La defensa, ejercida por el abogado particular Benjamín Eugenio Ortiz, en cambio, había planteado la absolución de la celadora.
Fundamentos.
Boulenaz, al momento de fallar, indicó que los hechos, ocurridos el 13 de abril de 2020, no fueron cuestionados; como tampoco las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuáles fueron esos hechos? Que Funes Maidana, en su condición de celadora de la Alcaidía que está ubicada en la Seccional Sexta, requisó a un grupo de detenidas por violar el aislamiento obligatorio –entre ellas las denunciantes– y que les exigió que se quitarán la ropa, se bajaran prendas íntimas hasta la rodilla y que hicieran flexiones y tosieran o estornudaran.
Por lo tanto, subrayó, la única controversia entre las partes fue la significación jurídica que debía otorgársele a esos hechos. La pregunta que se planteó en el fallo fue si estuvo acreditado “el elemento subjetivo de la pena penal prevista en el artículo 144 bis, inciso 3°” del C.P. ¿Qué dice ese texto? Que será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años, e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales.
En ese contexto, el juez concluyó que “frente a una orden legítima y de contenido lícito, la conducta de la imputada estuvo ajustada a derecho por el cumplimiento de un deber jurídico, y por tal opera la causa de justificación conforme al artículo 34 inciso 4°”; añadiendo que “la celadora –de anteúltimo rango o jerarquía policial– no tenía formalmente el deber de realizar un control de legalidad de lo ordenado, de modo que formalmente la orden impartida se presentaba como legítima, de carácter obligatorio y sin posibilidad de revisión alguna por parte de ella”.​
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
Una familia que está construyendo una vivienda en el sector oeste de Realicó, denunció que una banda de menores se "mete" sistemáticamente todos los días a su propiedad donde tienen una pileta familiar, generando destrozos de todo tipo. Al mismo tiempo sufrieron el robo de una bomba con su correspondiente motor y el colmo: una buena cantidad de arena a granel y "hasta la lona que estaba debajo nos robaron". MIRÁ EL VIDEO.-
Las fechas seleccionadas buscan reducir la estacionalidad y fomentar escapadas de fin de semana.
El hombre fue encontrado hace minutos en el acceso a la localidad de Parera y fue llevado al hospital de Parera para los controles de rutina. Fuentes extraoficiales dieron cuenta que se encuentra en buen estado de salud, y se habría ausentado por decisión propia. Se estima que luego podría se trasladado a Ingeniero Luiggi.
Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional 11, a la altura de Oliveros, provincia de Santa Fe, frente al ingreso a Solares del Carcarañá.
La Mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho entre personas y que se presenta habitualmente con fiebre y erupciones características en la piel.
