Funcionarios judiciales dejaron un total de 30 armas cortas, que oportunamente habían sido secuestradas y decomisadas, a las autoridades de la delegación local de la Anmac. Las partes convinieron que las entregas continuarán sistemáticamente en la medida en que el organismo nacional las vaya requiriendo.

A priori, la Justicia pampeana tiene unas 800 armas –más municiones– en condiciones de ser transferidas, correspondientes a las cuatro circunscripciones judiciales en que está dividida la provincia. Actualmente ellas están a cargo de la Oficina de Objetos Secuestrados y de las Oficinas Judiciales.

En el acto de transferencia del armamento, realizado en la Anmac de acuerdo al protocolo establecido por la Agencia, estuvieron el secretario técnico del Poder Judicial, Carlos Alvarado; en representación de la Oficina de Objetos Secuestrados, Néstor Javier Perassi; Érica Alba; el delegado de la Agencia, Ariel Otero y el encargado del depósito, Santiago Zalazar.

La ley 25938, a la que está adherida La Pampa, fija el procedimiento que debe cumplir el Poder Judicial, luego del decomiso de las armas, para que sean destruidas. Por ello, una vez que son entregadas al Anmac, dicha dependencia se encarga de la destrucción del material.

La Agencia Nacional tiene, entre objetivos, llevar adelante políticas de desarme de la sociedad civil y registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.​