El Presidente espera que lo respalden la mayoría de los mandatarios provinciales, aunque no lo harán los peronistas disidentes ni los que responden a fuerzas provinciales.
Nacionales03/01/2023
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El presidente Alberto Fernández convocó para este martes a las 11 en la Casa Rosada a los gobernadores con el objetivo de fortalecer su postura de pedir el juicio político del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y que también incluye investigar el accionar de los demás integrantes del máximo tribunal.
Hasta anoche no estaba cerrada la lista de asistentes. Se descuenta que la gran mayoría de los 14 mandatarios provinciales que explicitaron su respaldo ante el fallo adverso de la Corte Suprema por el tema coparticipación en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires darán el presente y entre todos avanzarán en la discusión y en el armado de una nota que se remitirá al Congreso Nacional con ese pedido.
El Jefe de Estado quiere repetir la foto con esos jefes provinciales y que se sumen aquellos que son del riñón peronista pero que a veces brindan apoyo a iniciativas oficialistas y en otras toman distancia. Pero es difícil que logre ese propósito. Allí se enrolan Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba), quienes seguramente no participarán del encuentro que está convocado en el salón Eva Perón del primer piso de Balcarce 50.
En tanto, el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, uno de los más cercanos a la Casa Rosada, se tomó unos días de vacaciones y no concurrirá. En su lugar estaría el vice de esa provincia, Rubén Dusso aún no se sabe si en forma presencial o en conexión virtual
Quienes responden a fuerzas provinciales como Arabela Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén) tampoco adherirán esta vez.
Estos cuatro jefes provinciales ya se habían desmarcado el 22 de diciembre de la carta que suscribieran Alberto Fernández y otros 14 mandatarios provinciales cuando se conoció la cautelar adversa de la Corte que provocó mucho malestar en el Gobierno, al disponer que se le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Luego de conocerse aquella primera carta, Carreras, Herrera Ahuad, Sáenz y Gutiérrez moderaron el discurso y expresaron su “preocupación” por el fallo de la Corte que “asigna montos que incrementan en forma desmedida” los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en “desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”.
El conflicto de fondo está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Y las diferencias con los cortesanos se potenciaron cuando se filtraron supuestos chats entre Silvio Robles, asesor de Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, realizó este lunes una denuncia penal contra Robles, quien oficia como vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y que aparececería en las conversaciones con D’Alessandro dándole argumentos al funcionario porteño sobre cómo proceder en el conflicto con el gobierno nacional por las bancas en el Consejo de la Magistratura. También parece anticiparle cuál sería la decisión de la Corte sobre la disputa por la coparticipación, que finalmente inclinó la balanza a favor de la ciudad de Buenos Aires.
Frente a esto, Zamora decidió denunciar a Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La denuncia penal se fundamenta atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal”, explicó desde su cuenta en la red social Twitter.
La resolución de la Corte del pasado 21 de diciembre había sido cuestionada tanto por la Casa Rosada (Alberto Fernández primero planteó que no iba a acatarla, pero luego propuso un pago a través de bonos públicos) como por 18 mandatarios provinciales.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, había escrito el Presidente en su mensaje de Año Nuevo, anticipando la convocatoria y la necesidad de sumar respaldos.
Una de las variantes que analiza el Presidente es la conformación de una comisión redactora del juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Es decir, sumar a los mandatarios provinciales a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso Nacional, aunque el Presidente sabe de antemano que la iniciativa no prosperará: el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos por la extrema paridad que hay en Diputados.
El proyecto podría obtener en la Cámara Baja un dictamen favorable ya que en la Comisión de Juicio Político el oficialismo cuenta con una mayoría de 16 sobre 31 miembros pero la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, ya adelantó su negativa a votarlo en el recinto.
Si el bloque que agrupa a las distintas expresiones del Frente de Todos tuvo problemas para lograr quórum en votaciones anteriores sin tanta relevancia antes de que culminara 2022, en esta ocasión el escenario adverso se repetirá.
En una entrevista con el canal de televisión C5N, Alberto Fernández manifestó este lunes por la tarde luego de mantener en Brasil una reunión bilateral con Lula da Silva su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la República exige tres poderes independientes”.
El primer mandatario consideró, además, que “lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la Justicia. “Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, añadió.
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La defensa de la dirigente política sostuvo que la imputación ya había sido resuelta en la causa Vialidad por asociación ilícita. Aun así, se decidió que la investigación continúe su curso y que se desarrollen nuevas instancias judiciales a partir del 6 de noviembre, manteniéndose firme la acusación en su contra por presuntas coimas, según reportes previos.
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