En la cuarta jornada en los Tribunales de Dolores son 12 las personas citadas, entre ellas, Virginia Pérez Antonelli, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima.
Judiciales05 de enero de 2023
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La cuarta jornada del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell incluirá este jueves los testimonios de policías que intervinieron frente al boliche minutos después de la agresión, varios testigos del ataque, una joven turista que asistió a la víctima y dos comerciantes que estaban a pocos metros del lugar esa madrugada del 18 de enero de 2020.
Luego de las tres primeras audiencias del proceso oral, en las que brindaron declaración los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez, una docena de amigos de Fernando, policías, custodios del local bailable, y el remero Pablo Ventura y su padre, otros 12 testigos se presentarán este jueves desde las 9 ante el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores.
En primer término, declararán cuatro policías afectados al Operativo Sol en el verano 2020, y que llegaron al lugar del hecho minutos después de que Fernando fuera atacado. Según consta en el cronograma de audiencias, ellos son: Roberto Gustavo Basualdo, Carlos Aníbal Contino, Fernando Raúl González y Leandro Hipólito Barreca Maidana.
Luego, lo hará Virginia Pérez Antonelli, una joven que veraneaba en Villa Gesell en ese momento y le practicó maniobras de reanimación cardio pulmonar a la víctima, luego de que el policía Maximiliano Rosso Suárez le hiciera masajes en un primer momento.
También declararán tres testigos oculares del ataque sufrido por el joven estudiante de derecho y su grupo de amigos. Se trata de Nicolás Javier Sessa, Valentín Rodríguez y Tomás Bidonde.
En último término brindarán testimonio otros cuatro testigos del hecho: un taxista llamado Marcos Damián Acevedo; una joven que estaba en un bar ubicado junto a “Le Brique”, Tatiana Caro; el trabajador de un kiosco situado a pocos metros del lugar del ataque, Sebastián Ariel Saldaño; y la novia de él, Fiamma Magalí Pedroso.
Como ocurrió durante las jornadas anteriores, está previsto que los padres de Fernando presencien las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales junto a su equipo de abogados, liderado por Fernando Burlando y Fabián Améndola.
Ayer, miércoles 4 de enero, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) recibieron por primera vez la visita de sus madres, padres y hermanos en el penal.
Previo a hacer su ingreso, los familiares se dividieron en dos filas: por un lado, los que dejaron comida. Por el otro, los que esperaban para ser requisados antes de entrar. Además de alimento, les llevaron bidones de agua mineral.
Al salir, sin embargo, pasaron un incómodo momento. Una mujer se acercó a ellos aplaudiendo y, a los gritos, les cantó: “¡Y llora, y llora Thomsen, llora!”. Automáticamente, todos bajaron la cabeza e intentaron cubrirse los rostros.
Tras su llegada a Dolores, los imputados fueron alojados en un pabellón exclusivo para ellos, alejados de otros detenidos, tal como sucede en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata.
Su rutina diaria, desde este lunes, no cambia: poco antes de las 8 son trasladados desde la Unidad N°6 al TOC N°1 —ubicado a diez cuadras de distancia— con un operativo de seguridad de rigor requerido por los jueces.
Al mediodía, en tanto, almuerzan en los tribunales, en dos celdas ubicadas dentro del palacio de la calle Belgrano
141. Durante el juicio, están rodeados de 13 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género.
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