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LA PAMPA | En una resolución que marca un precedente sobre el acceso a la información pública, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), bajo la conducción de Juan Carlos Carola, hizo lugar al planteo de Julián Angelucci, referente de la Coalición Cívica ARI La Pampa. El organismo determinó que el IPAV había incurrido en una "denegatoria de información que no se justifica" al brindar respuestas insuficientes ante los reclamos por el estado del barrio Malvinas.
El conflicto se originó tras el desmoronamiento de una escalera y la detección de graves fallas en la infraestructura del complejo en General Pico. Según la FIA, el IPAV intentó evadir la entrega de datos técnicos mediante dictámenes con excusas legales sobre plazos de caducidad que no habían sido requeridos.
La documentación exigida
En un plazo de 10 días hábiles, el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda deberá presentar:
Estudios técnicos: Copia de diagnósticos de los últimos 10 años sobre escaleras, estructuras e instalaciones de gas y electricidad.
Planes de mejora: Estrategias internas previstas para la rehabilitación del barrio.
Registro de reclamos: Detalle de las quejas formales presentadas por vecinos y el municipio en los últimos 8 años.
Transparencia en obras: Informe detallado de mantenimientos realizados, incluyendo montos y empresas contratistas.
Al respecto, Angelucci fue contundente: "Erica Riboyra no puede esconderse detrás de excusas legales para negar la realidad de las 500 familias que viven en el Malvinas". Desde la oposición aseguraron que vigilarán el cumplimiento de la orden para garantizar un plan de intervención serio ante el "riesgo estructural" que denuncian los vecinos.
