La Justicia de Córdoba condenó al empleado de la clínica que se negó a atender a Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en agosto de 2020.
  
Se trata de Fernando Casalino, empleado de la clínica Aconcagua, que aquella madrugada se negó a que el menor de 17 años ingrese al hospital para ser atendido por el tiro que recibió en la espalda.

En un juicio abreviado en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, el hombre aceptó los cargos en su contra, se mostró arrepentido y le pidió perdón a la familia de la víctima.

A pesar de que fue condenado, todavía no se sabe la pena que recibió. La misma se daría a conocer la semana próxima.

"Nadie de esa clínica se acercó para explicarnos por qué no atendieron a mi hijo cuando aún vivía. Yo quiero que sea honesto y que diga la verdad. Porque sé que hubo médicos que, esa madrugada, escucharon los gritos desgarradores de los amigos de Blas. No me pueden decir que nadie oyó. En el fondo, ese empleado es una víctima más de este sistema. Y eso no puede volver a pasar más", expresó con dolor Soledad Laciar, mamá de Blas.

El crimen del joven ocurrió el 6 de agosto de 2020 cuando el Gobierno autorizó las primeras salidas al aire libre tras la cuarentena por la pandemia de Coronavirus.

Aquella noche, Blas se juntó con amigos, pero lo que parecía una noche feliz, terminó siendo una que nunca olvidarán.

Arriba de un Fiat Argo, los amigos volvían a su casa cuando tuvieron un pequeño inconveniente con una moto. Ante este hecho, el vehículo fue detenido por policías en un control de tránsito.

Sin embargo, el conductor se asustó, no frenó y luego los policías comenzaron a disparar contra el auto. Una de las balas impactó en la espalda de Correas, quien iba en el asiento trasero, ocasionándole la muerte.

"Me asusté, pensé que eran delincuentes", subrayó el joven conductor y amigo de Blas durante el juicio.

El 31 de marzo de este año, la Justicia condenó a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón de 33, por "homicidio calificado" por ser integrantes de la Policía, y "agravado por el uso de arma de fuego", como así también también por la "tentativa de homicidio", ya que Correas iba en un auto con otros cuatro amigos, quienes sobrevivieron a la balacera.

También fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos, ya que se habían puesto de acuerdo para "plantar" un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.

En consecuencia, la agente Wanda Esquivel recibió tres años y diez meses de prisión, mientras que su compañera Florencia Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses.

También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años).

En tanto, quedaron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez.