La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, en actuación unipersonal del juez Guillermo Samuel Salas, ratificó que todas las demandas del y contra el Estado provincial se tramitan en la capital pampeana. Así lo dijo al resolver una cuestión de competencia entre el juez de primera instancia en lo civil de General Acha, Gerardo Bonino, y su par santarroseña, Adriana Pascual, en una demanda por daños y perjuicios –por supuesta mala praxis– contra El Estado, un hospital y una clínica privada.
Provinciales20/02/2024
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Bonino fundamentó su incompetencia –y por eso envió la demanda a la Oficina de Gestión Común Civil de la Primera Circunscripción– en el artículo 1° de la Ley 888 (Orgánica de la Fiscalía de Estado y Procuración de Rentas), en relación con el artículo 4° del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa. Ese artículo 1° indica que “los juicios en que la Provincia sea parte demandada deberán promoverse y tramitarse ante los tribunales letrados de la ciudad de Santa Rosa, cualquiera fuera su monto o naturaleza”; mientras que el artículo 4° refiere a la declaración de incompetencia de jueces y juezas.
Por su parte, Pascual planteó que el expediente debía diligenciarse en General Acha –cabecera de la Tercera Circunscripción Judicial– porque los fundamentos dados en la ley 888, sancionada en 1978, para que las causas se gestionen en Santa Rosa hoy desaparecieron.
Sostuvo que en su momento se dispuso ello por “motivos prácticos y funcionales” ya que las demandas se gestionaban en papel; pero hoy “con el avance de las tecnologías de la información y comunicaciones (conocidas como TIC’S) y la implementación del expediente electrónico, hubo un cambio de modalidad en la tramitación de los procesos; por lo que la centralización perdió su sentido práctico y funcional ya que el sistema SIGE posibilita que todos los operadores puedan realizar el seguimiento de las causas de modo remoto sin necesidad de viajar al lugar del asiento judicial”.
El juez, en los fundamentos para dirimir y darle la razón a Bonino, manifestó que “las tecnologías de la información, el desarrollo de las comunicaciones y las herramientas que contribuyeron localmente a la despapelización significativa de la gestión judicial, y con ello a la facilitación de la litigación e interacción de todos los operadores involucrados, contribuyen sin dudas a la celeridad de la respuesta jurisdiccional en todos los procesos”.
“Sin embargo –agregó– ese relevante avance no fue pensado ni diseñado para provocar la alteración de las reglas competenciales (que emanan de la voluntad expresa del legislador), en la medida que el artículo 1 de ley 888 no admite una interpretación que eluda o escape al siguiente precepto: los juicios en que la Provincia es parte demandada, deberán promoverse y tramitarse ante los tribunales letrados de la ciudad de Santa Rosa, cualquiera sea su monto o naturaleza”.
Más adelante, Salas expresó que “esa previsión legal, por lo demás, se encuentra en línea y se complementa armónicamente con el artículo 5°, inciso 7 del CPCC, que establece inequívocamente la concentración de los juicios de la Provincia de La Pampa y sus reparticiones autárquicas o descentralizadas, en los tribunales de la Primera Circunscripción Judicial, así sea que en ellos se deduzca una acción o en su caso eventuales reconvenciones o contrademandas”.
Por último, la Cámara remarcó que “si bien dichas reglas importan una excepción legal a los principios generales en materia de distribución de competencias, en su aplicabilidad al ámbito local resultan válidas en el plano constitucional y, además, están plenamente justificadas en su operatividad; en tanto le permiten al Estado (…) la razonable centralización de toda su actividad judicial”.
El "garantismo extremo" de Gil Domínguez: una mirada alejada de la realidad que golpea a las víctimas. El constitucionalista pampeano calificó el proyecto de baja de imputabilidad como "más regresivo que lo hecho por Videla". En un análisis cargado de ideología, el jurista parece ignorar el clamor de una sociedad que, como en el caso de Jeremías Monzón, exige que quien comete un delito de adulto reciba una pena acorde.
Un nuevo conflicto vuelve a poner en el centro del debate el accionar de la Dirección de Niñez de La Pampa. En esta oportunidad, se trata del caso de Mateo, un niño de 4 años que permanece institucionalizado desde hace largo tiempo en un Hogar, mientras sus abuelos y familiares directos reclaman la tenencia y denuncian que el Estado no trabaja en la revinculación con su entorno biológico.
Tras la adhesión de La Pampa al proyecto impulsado por provincias patagónicas, el gobernador Sergio Ziliotto destacó la importancia de un trabajo articulado que supere las barreras ideológicas. "El federalismo se construye así: provincias hermanas trabajando juntas para cuidar a su gente", afirmó el mandatario.
El Gobierno de la Provincia de La Pampa, expresó su adhesión y pleno acompañamiento al proyecto presentado por el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, junto a otros mandatarios y funcionarios de provincias patagónicas, que propone declarar la emergencia ígnea y zona de desastre en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en el marco de la Ley Nacional N° 27.287.
En algunas sedes ya comenzaron las actividades de clausura de la temporada como broche de oro para una nueva edición del Pro Vida.
El Instituto José Hernández de Colonia Barón avanza en un proceso de renovación edilicia financiado con fondos del Gobierno provincial. El establecimiento, que durante décadas funcionó bajo gestión privada, pasó a la órbita estatal en 2023 mediante la Ley 3566, lo que permitió iniciar una serie de obras de refacción integral en el edificio.
El fatal siniestro ocurrió cerca de la medianoche de este lunes en la intersección con la calle Malabia. La víctima, una mujer de 60 años, perdió la vida de forma instantánea tras la colisión entre su motocicleta y una Ford EcoSport.
Fue en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
La Municipalidad de General Pico intensificó en los últimos días los operativos de control sobre motocicletas que circulan con escapes libres, dañados o fuera de norma, una infracción que puede derivar en sanciones económicas que superan el millón de pesos. Las acciones se desarrollan en distintos puntos de la ciudad y forman parte de las políticas locales de tránsito y control de ruidos molestos.
De manera conjunta, la Dirección de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Comisaría Departamental de Realicó vienen desarrollando operativos de tránsito todos los días en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de promover una conducción responsable y reforzar el cumplimiento de las normas vigentes.
Tras una nueva jornada de compras en el Mercado Libre de Cambios, las reservas del BCRA cerraron en US45.779millones. Bajo la conducción de Santiago Bausili, la entidad ya adquirió más de U$S 1.000 millones desde el inicio de la nueva fase del programa monetario, impulsada también por la cotización récord del oro.
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El siniestro se produjo este martes por la tarde en 2 de Marzo y Gobernador González, dejando como saldo a dos menores de edad heridos. Los jóvenes, que circulaban en una motocicleta, terminaron debajo de una Toyota SW4 tras el impacto y debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.
Tras el violento impacto ocurrido esta tarde entre una camioneta y una motocicleta, el hospital local emitió un parte médico de tranquilidad. Los jóvenes de 16 y 17 años presentan politraumatismos, pero por el momento no requieren ser derivados a centros de mayor complejidad.
