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CAMPO | Mientras comienza a avanzar a paso firme la cosecha gruesa y los productores centran su mirada en los monitores de rendimiento, a la par ya relojean lo que será la campaña de trigo próxima a comenzar. Y lo que domina con ese cereal es la ambigüedad: las fuertes lluvias ocurridas en las últimas semanas han repuesto notoriamente las reservas de agua en los suelos, lo que garantizaría a priori buenas condiciones de implantación del cereal.
No obstante, el viento en contra es el capítulo económico: una fuerte de suba de costos, acompañada por un derrumbe de los precios internacionales, que tiran abajo cualquier intención de incrementar la siembra. En ese marco se inscribe el capítulo impositivo: hay voces desde el agro impulsando que se eliminen las retenciones a este cultivo, de manera de empujar una mayor siembra.
Y no parece un reclamo descabellado: según el último índice de participación del Estado en la renta agrícola, el trigo es el cultivo que en este momento tiene mayor presión impositiva, ya que deja en las arcas fiscales el 83,9% de lo que produce cada hectárea, según informó el sitio especializado Infocampo.
En el primer trimestre del año, la presión impositiva al campo creció en seis puntos y pasó del 59% al 65%, de acuerdo al índice que elabora de manera trimestral la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según estimaron desde la entidad, ese incremento se explica a partir de dos factores: suba en los costos y caída en los precios.
En el apartado de costos, se tuvo en cuenta los incrementos registrados en lo que va del año del impuesto Inmobiliario Rural, tasas y guías municipales.
“En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% hasta 250%”, remarcó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA. Con respecto a fletes, los costos en pesos aumentaron un 42% con respecto a diciembre, las labores de siembra un 59% y las de cosecha un 132%. Si la comparativa se extiende a marzo del año pasado, las subas fueron de 206%, 170% y 260%, respectivamente.
En el caso de los insumos, se presentan situaciones dispares. En el caso de fitosanitarios han habido subas, aunque el escenario varía de acuerdo al producto, mientras que los fertilizantes aumentaron en relación a su valor del año pasado.
“El dólar importador, que contempla un adicional del dólar oficial del 17,5% de impuesto PAIS, tiene su efecto en inflar los precios de los insumos importados ya que el importador deberá pagar un tipo de cambio mayor al oficial, y en la práctica al productor se lo cotiza a un dólar oficial, por lo
que esa diferencia está contenida en el precio en dólares de los insumos”, explicó la economista de FADA.
De este modo, del 65% de la renta del productor que queda en manos del Estado, un 94% corresponde a tributos nacionales, 5% a provinciales y el resto municipales.
MENORES PRECIOS, MAYOR PRESIÓN
El índice elaborado por FADA promedió en un 65% la participación del Estado en la renta agrícola en los cuatro principales cultivos. La más elevada, como se mencionó corresponde al trigo, con un 83,9%, seguido de soja (68,4%); maíz (57,3%) y girasol, con 54,1%.
“Aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de la sequía, la caída de precios reduce el valor bruto de la producción”, destacó Pisani Claro. Y agregó: “En este contexto, con menores precios, costos que se incrementan y actualizaciones de impuestos provinciales y municipales, se genera una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola“.
Desde la entidad advirtieron que pese a la mejora en los rindes posteriores a la sequía y la apreciación en el tipo de cambio, la fuerte caída en precios y los costos más elevados de producción terminaron inclinando la balanza.
La mayor caída en las cotizaciones fue para el trigo. De este modo y frente a la próxima campaña fina, los números para los productores comienzan a ser más ajustados a partir de los incrementos que se registrarán tanto en insumos como servicios.
La provincia con mayor presión impositiva sobre el agro fue Entre Ríos, con 65,4%, seguida de cerca por Córdoba, con un 64,9%. El resto se repartió entre La Pampa (62,9%); Buenos Aires (61,9%); Santa Fe (61,1%) y San Luis, con 59.9%.
Para calcular estos porcentajes, se tienen en cuenta los rindes, los impuestos provinciales y locales y la proporción de los cultivos en el área sembrada de cada provincia.
