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El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa.
Además de Alberto Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes.
Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.
En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados.
Entre los afectados por la inhibición general de bienes aparecen los dos ex funcionarios de Nación Seguros que fuero echados este fin de semana: el pampeano Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras.
También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.
La cooperativa “7 de mayo”, inscripta ante la AFIP para vender bebidas en bares y cervecerías, tiene a su nombre dos camionetas Jeep Commander 4x4, valuadas en más de 50 mil dólares. Una de ellas, comprada hace un mes, terminó complicando la situación de Mauro Tanos. Ese funcionario tenía una cédula azul para utilizar la camioneta y ahora deberá explicar su vínculo con los dueños de la cooperativa. Pero no es todo. Según documentos a los que accedió Infobae, “7 de mayo” retiró casi $700 millones de sus cuentas bancarias.
Los investigadores llegaron a la cooperativa, y luego a Tanos, a partir de una llamativa situación que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez Julián Ercolini hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio, involucrada en la póliza de la ANSES. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación.
Cuando la Policía fue a buscar las cámaras del lugar, descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. Fue una entrega coordinada entre los dueños de San Ignacio para dejar conformes a los efectivos que tenían una orden de presentación. El seguimiento de ese auto terminó en la casa de uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, Alfredo Del Corro.
Además de las camionetas, la cooperativa “7 de mayo” tiene movimientos de dinero muy llamativos. Entre el 1 de abril y el 31 de agosto del año pasado, movilizó $296 millones de pesos, según denunció una entidad bancaria ante los organismos reguladores. En octubre de ese año, otra vez hizo transferencias por otros $400 millones, pudo saber este medio. Son casi $700 millones en apenas siete meses.
¿Cómo amasó semejante fortuna una cooperativa que está inscripta ante la AFIP para vender bebidas a bares y cervecerías? Fuentes del mercado asegurador aseguran que esa firma se habría utilizado para canalizar pagos indebidos por la trama de los seguros.
El juez Ercolini también pidió este lunes que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes. Son 33 en total.
Por último, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.
Ercolini tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.
El viernes pasado, el juez Ercolini ordenó allanar los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, entre otras. También inspeccionó los domicilios de los dos funcionarios de Nación Seguros desplazados.
