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Cuatro empresas de transporte escolar fueron condenadas por el Tribunal de Cuentas a devolver parte de los subsidios que recibieron del Gobierno provincial durante la pandemia de coronavirus. El dinero era para pagar salarios, pero las firmas no justificaron ese gasto y ahora el organismo de control exige que lo devuelvan.
Las empresas de transporte condenadas deberán devolver 1.559.565,48 pesos y pertenecen a Natalia Lorena Córdoba ($227.796,13), Marisa Álvarez ($426.031,80); Ana María Anzorena ($ 119.897,41) y Enrique Gabriel Marcos ($785.840,14).
Las sentencias del TdC fuero publicadas en el último Boletín Oficial y las firmas tienen 10 días para efectuar el pago o les queda la posibilidad de presentar un Recurso de Revocatoria y presentar la documentación que respalde el gasto efectuado.
Por la sentencia 1294/2024, el TdC condenó a la empresa de transporte escolar, Cordoba, Natalia Lorena, que en el 2021 tenía contrato vigente a esa fecha con la Dirección General de Administración Escolar del Ministerio de Educación de La Pampa. La firma recibió un subsidio de $227.796,13 "en concepto de reconocimiento de las sumas necesarias para afrontar el pago de los sueldos y de las cargas que se liquidan mediante Declaración Jurada del Sistema Único de la Seguridad Social (Formulario 931), con motivo de la suspensión de actividades dispuesta en virtud de la pandemia por COVID19".
La empresa debía rendir la inversión en un plazo de 15 días hábiles. Córdoba no rindió el subsidio por lo que se inició un proceso administrativo que derivó en la sentencia del TdC porque "la responsable beneficiaria CORDOBA, Natalia no ha rendido la inversión de los fondos que oportunamente se les transfirieran en el marco del Decreto N.º 3220/2021".
En la sentencia 1296 del pasado 27 de marzo, el TdC condenó a las empresas de transporte escolar de Alvarez, Anzorena y Marcos a devolver el dinero del subsidio que recibieron para pagar salarios en pandemia que no lo justificaron.
El Gobierno provincial a través del decreto N° 1359/2020 le transfirió subsidios "a las empresas de transporte escolar de Marisa Álvarez por la suma de $ 362.446,99; Ana María Anzorena, por la suma de $ 1.047.053,60 y Enrique Gabriel Marcos, por la de $ 2.207.111,66, en virtud de lo normado en el artículo 11 de la Ley N° 3218". Fueron un total de $3.616.612,25.
La empresa de Anzorena justificó erogaciones por $621.021,80, pero el resto del subsidio no por lo que deberá devolver $426.031,80.
En el caso de Alvarez, presentó documentación que gastó $242.549.57 del total del subsidio, por lo que tiene que reintegrar $119.897,41.
Por último, la firma de Marcos justificó gastos de salarios por $1.421.271,52, por lo que le quedaron sin rendir $785.840,14, los que deberá devolver.
