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GENERAL PICO | El proyecto subraya varios puntos críticos. Primero, se cuestiona que la Municipalidad de Santa Rosa haya avanzado con la implementación de la RTO sin que la Provincia de La Pampa haya reglamentado el procedimiento. Esto, según los concejales, pone en riesgo a los automovilistas de todas las localidades de la provincia que circulen por la capital, quienes podrían ser objeto de multas muy elevadas si no cumplen con este requisito. Las multas, según la Ordenanza Tarifaria de Santa Rosa, oscilan entre los $240.000 y $800.000, montos que se actualizan automáticamente según el precio del litro de nafta “super”.
La concejala Eugenia Forte, una de las principales impulsoras del proyecto, expresó su preocupación por la injusticia que esta normativa podría generar en los ciudadanos de General Pico. “Nos encontramos en una situación donde nuestros vecinos, que ya están lidiando con una economía compleja, podrían verse obligados a pagar sumas exorbitantes simplemente por transitar por Santa Rosa. No podemos permitir que esta carga recaiga sobre ellos sin que exista una reglamentación provincial que lo respalde”, afirmó Forte.
El proyecto también destaca que la RTO no es exigida en otras localidades pampeanas ni en rutas provinciales o nacionales dentro de la provincia, lo que hace que la implementación en Santa Rosa sea un caso excepcional y potencialmente conflictivo. Además, se señala que la aplicación de esta normativa podría generar ingresos considerables para la Municipalidad de Santa Rosa en concepto de recursos tributarios y no tributarios, lo que afectaría negativamente el índice de coparticipación provincial, en detrimento de otras localidades.
A pesar de los argumentos expuestos, el bloque oficialista del Concejo Deliberante de General Pico decidió rechazar el proyecto de comunicación. Este rechazo deja en suspenso las preocupaciones de los vecinos de General Pico y de otras localidades de la provincia que podrían verse afectados por la exigencia de la RTO en Santa Rosa.
“Lamentamos que no se haya tomado en cuenta el impacto real que esta medida puede tener sobre la vida diaria de nuestros ciudadanos. Este no es solo un tema de regulaciones; es una cuestión de equidad y justicia para todos los pampeanos”, concluyó el concejal Marcelo Capellino.
