Santa Rosa: Ziliotto propuso al campo potenciar la agroindustria en conjunto

El mandatario pampeano concurrió a la tradicional muestra que el sector agrícola ganadero realiza en la capital pampeana donde trazó un panorama de la actualidad productiva, detalló los instrumentos a disposición de productoras y productores y dio a conocer la implementación de nuevas herramientas destinadas al campo.

Texto completo del discurso del gobernador Sergio Ziliotto

Una vez más venimos a mostrarles nuestras acciones.

Identificamos al campo como el principal motor de la economía provincial.

Y actuamos en consecuencia. Aún, cuando la situación actual no acompaña.

La fuerte caída de la actividad económica y la quita ilegal de recursos coparticipables a nuestra Provincia impactan sobremanera, tanto en las finanzas públicas como en el sistema productivo.

Hoy, el Estado provincial se ve impedido de mantener el nivel de inversión pública destinada a fortalecer la económica provincial, de años atrás.

Lamentablemente, ha desaparecido ese escenario provincial productivo, laboral y social positivo con el que cerrábamos el año 2023.

La Pampa mostraba en noviembre un récord histórico de empleo privado registrado, con 41.180 puestos de trabajo en el sector privado, acompañado de una tasa de desempleo de 5,6%, la más baja desde 2016.
En 2023 el empleo registrado del sector privado creció un 5,35% con relación a 2022 y un 11,9% respecto de 2019.

Según datos del INDEC, el 71,3% del empleo se vinculaba en 2023  a empresas del sector privado y 28,7% en el sector público.

A su vez, la CEPAL mostraba que la economía provincial había crecido un 67,5% en los últimos 18 años, ubicándose en el sexto lugar en el contexto nacional.

Un 35% por encima del país, el triple que Mendoza y el 73% más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por mencionar algunas comparaciones.

Hoy, lamentablemente, aquella realidad no es la misma. La tasa de desempleo creció a 7,8% y se incrementó un 40 % las personas que no consiguen empleo.

Entre noviembre de 2023 y junio de 2024, La Pampa perdió 2.201 puestos de trabajo formales del sector privado, una caída del 5,3 %.

Este modelo económico nacional también hizo mella en las finanzas públicas provinciales.
En los primeros siete meses de 2024 la inflación alcanzó en La Pampa el 88,5 % mientras que los recursos públicos solo se incrementaron un 40,7 %.

La retención indebida de recursos provinciales por parte del Gobierno nacional no sólo agrega incertidumbre y resta considerablemente nuestras reservas financieras.

A pesar de todo mantuvimos el orden, el equilibrio y la eficiencia fiscal. Somos la única Provincia con deuda cero. Atributos irrenunciables que nos siguen distinguiendo en el contexto nacional. 

Ese orden y eficiencia nos permitió mantener inalterable la prestación de los servicios básicos.

Seguimos invirtiendo fuertemente en Salud y Educación públicas, para paliar tanto por el proceso inflacionario como la mayor demanda ante el evidente retroceso del sector privado.

Dos servicios a los que en La Pampa se accede libre y gratuitamente, más allá de la condición social o del poder adquisitivo de quien lo demande. En la enorme mayoría del territorio provincial sólo existe la respuesta del Estado.

También el sector productivo sufre consecuencias negativas. Y el campo no es la excepción.

Desregulación anárquica de la economía, altos niveles de inflación, fuerte suba de energía y combustibles, marcada distorsión de precios relativos y más concentración, derivaron en un escenario de encarecimiento de los procesos productivos.

Hoy Argentina está cara en dólares. Sus empresas perdieron competitividad ante el mundo.

Por si fuera poco, a este fenómeno doméstico se le sumó otro de origen internacional: la caída de los precios internacionales de los 10 primeros productos exportados.

La caída del 40 % para el trigo, del 33 % para la carne bovina y del 52 % para la miel, así lo atestiguan.

Atrás quedó el crecimiento del 108 % del valor de las exportaciones pampeanas entre 2019 y 2023.

Si la situación actual no es óptima, los números del proyecto de Presupuesto Nacional para el año próximo generan más incertidumbre y pesimismo.

En un marcado incremento de la presión tributaria en términos del Producto Bruto Interno, ese proyecto ratifica el rumbo actual: más concentración económica, más extractivismo, menos divisas para el crecimiento y menos ventajas para quien produce.

Un modelo económico que sigue beneficiando a las grandes corporaciones petroleras y mineras, por sobre la protección de la producción agropecuaria e industrial.

A pesar de ello, aunque sujetos a las restricciones que nos imponen, sostendremos nuestro apoyo al sector productivo.

Hace ya 4 años pusimos en marcha un agresivo plan de incentivos para las inversiones privadas, a través de beneficios impositivos, laborales y financieros.

Uno de nuestros objetivos más ambiciosos y necesarios es achicar la carga tributaria provincial a la actividad productiva.
 
En el caso particular del agro, podemos mostrar valores inferiores al promedio de la región.

Hace más de diez años rigen las mismas alícuotas de ingresos brutos del sector agropecuario.
  
A ello se suma la fuerte caída de la incidencia del impuesto inmobiliario rural en términos de poder de compra de los productores, ya sea en novillos, quintales de soja, dólares u otro parámetro.

Desde 2019 este impuesto se incrementó un 832 %, mientras que en el mismo período los precios de lo que mayoritariamente produce el campo (trigo, maíz, girasol, soja, terneros y novillos) crecieron entre un 2.239 y 3.019 %.

Dato adicional es que, en el mismo período la inflación acumuló un 2.716 %, lo que demuestra que la incidencia de este impuesto en el presupuesto provincial cayó nítidamente. Nos hicimos cargo de sostener al sector productivo.

Estos datos contrastan con el aumento del 49 % de los derechos de exportación que crecen del 0.96 al 1.43 % en términos el PBI, según el proyecto de presupuesto nacional.
  
Otra prueba de baja efectiva de impuestos es la vigencia de la Ley de Incentivos Fiscales. Una herramienta virtuosa,  que premia al que invierte, al genera trabajo y al que cumple.
 
Es un beneficio que el campo viene utilizando cada día más, pero no en la medida que debiera, principalmente por razones de desconocimiento o de decisión propia de rechazarlo.
 
Como se lo expresé en la anterior muestra de 2023, sólo el 12 % de los productores beneficiados se apropiaba de ellos. Si bien en 2024 se ha modificado la situación, el 77 % aún no es utilizado.
 
En valores constantes han perdido beneficios por 2.297 millones de pesos desde la vigencia de la ley en 2021. De ese total, 230 millones corresponden al año en curso.
 
Un dato llamativo es que esos 2.297 millones de pesos de beneficios no utilizados, triplican los saldos a cuenta por vigencia del SIRCREB.

Este contraste expresa la importancia de los beneficios fiscales, pero también el impacto real del SIRCREB en el sector del campo. 
 
Un análisis pormenorizado indica que el SIRCREB afecta solamente al 11 % de contribuyentes vinculados a las actividades del agro.
 
Y que sólo el 6 %, o sea 719 son los que están incluidos ante conductas vinculadas a la evasión o elusión fiscal provincial.

Mantener ese control de cumplimiento fiscal impide que el 94 % restante, o sea 11.055 buenos contribuyentes tengan que soportar más carga tributaria debido al incumplimiento de una minoría.
 
Aun así, seguiremos morigerando las consecuencias para aquellos contribuyentes que ordenaron su situación, tras recibir las penalidades que fija este sistema nacional.
 
Ya en 2020 y 2023 implementamos flexibilizaciones que derivaron en la exclusión de 13.978 contribuyentes.

Desde los próximos días, y para todos los sectores, regirá la disminución de 12 a 6 meses en el período de control posterior a la normalización tributaria, durante el cual se aplica una alícuota del 0,1 % previamente a la salida automáticamente del régimen.
 
Como complemento para simplificar el sistema tributario, la reciente vigencia de la ventanilla fiscal permite vincular saldos a favor con el pago de otros tributos provinciales con mayor celeridad y desde accesos remotos.
 
La futura implementación de operatorias como tarjetas de créditos y de guías ganaderas y granarias municipales, dará aún mayor celeridad y eficiencia al sistema.

El campo, como todos los sectores económicos, tiene un variado acceso al financiamiento a través del Banco de La Pampa.

La Tarjeta Caldén Agraria, el Compre Pampeano y las líneas ganaderas y de complementación comercial, conviven hoy con préstamos por la emergencia agropecuaria ante los efectos de la sequía.

Como en los últimos años, pero más en esta coyuntura, el Banco de La Pampa ha puesto todo su potencial en sostener la actividad económica.

Hoy más que nunca, honra su génesis de fomento productivo.

El Banco de La Pampa aporta actualmente 29.264 millones de pesos en financiamiento del agro, a través de todas sus ofertas crediticias.

Como ejemplo, la Tarjeta Agraria, con sus actuales condiciones de tasa, se ha consolidado como la tarjeta del campo en la región. Sus consumos de julio pasado sumaron 1.950 millones de pesos, más de 4 veces más que un año atrás.

Otro aporte público sustancial al sector lo marcan los 1.033 millones de pesos invertidos en 2023 en subsidios de tasa de créditos del Banco de La Pampa.

El FOGAPAM respaldó en los últimos 12 meses el financiamiento del campo por 1.290 millones de pesos. 892 millones fueron tomados en el sistema financiero, mientras que 398 millones corresponden al mercado de capitales, una alternativa inexistente años atrás y que crece constantemente.

Las acciones públicas en seguridad rural han sumado la participación de entidades y productores rurales como así también a las jurisdicciones municipales.

Seguimos capacitando y sumando más recursos humanos sin dejar de incorporar más patrulleros y más tecnología, en acciones conjuntas entre el Estado Provincial y los productores rurales.

Tanto en establecimientos, como en caminos vecinales y cruces importantes, se han instalado cámaras de vigilancia y lectoras de patentes con monitoreo centralizado.

En esa tarea conjunta y creciente, estamos proyectando instalar cámaras en 25 puntos críticos de la zona rural de Macachín, con monitoreo incluido.

A partir de una demanda del campo, desde febrero de 2024 el Poder Judicial de La Pampa cuenta con fiscalías especializadas exclusivamente en delitos rurales, ubicadas en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Victorica.

La prevención de incendios forestales es otro pilar fundamental de la seguridad rural. La intervención en 2023 de 3.500 kilómetros, abarcando 5.428 hectáreas, muestra la magnitud del abordaje anual y conjunto de Defensa Civil, Vialidad Provincial y Recursos Naturales.

Esto se vincula con los 984 millones de pesos en concepto de cofinanciamiento que la Dirección Provincial de Vialidad realiza a Municipios y Comisiones de Fomento para el mantenimiento de los 18.762 kilómetros de red terciaria provincial.

La Pampa, a través de la empresa provincial EMPATEL, cuenta hoy con una red de conectividad de más de 3.000 kilómetros, entre fibra óptica y radioenlaces.

Esa red es la que utilizan hoy 21 proveedores de internet rural, entre ellos pymes, cooperativas, municipios y fundaciones, para brindar sus servicios a más de 2.500 usuarios.

En ese marco de integración y roles compartidos, un pequeño ejemplo para mencionar es la FUNSADU, dedicada a la sanidad animal y formada por productores. Hoy junto a EMPATEL son los proveedores de internet en Cuchillo Có y zona rural, con un servicio de 50 megas de velocidad.

Otra muestra de integración es el acuerdo estratégico entre EMPATEL y Claro, que conectó con tecnología 4G a varias localidades pequeñas y con un fuerte componente de ruralidad, y da respuesta en extensas travesías como la ruta del desierto y próximamente en el largo recorrido hacia Santa Isabel.

Todo lo enumerado es un resumen, una clara evidencia de nuestra valoración del sector.

A todos esos beneficios agregaremos y proyectamos otros.

Varios, de vigencia inmediata.

En días más los productores podrán acceder a préstamos del Banco de La Pampa para la siembra de granos gruesos, implantación de verdeos y constitución de reserva forrajera.

Serán operaciones de hasta 30 millones de pesos, que tendrán una bonificación de tasa de 10 puntos porcentuales, más otros 10 cuando se trate de productores en emergencia por sequía.

Hemos ampliado las zonas en emergencia. Ya son 12 millones de hectáreas. Decir que representa el 84 % de nuestro territorio es mostrar las graves consecuencias de este fenómeno climático.

En tal sentido, un nuevo decreto prorroga por 60 días la emergencia agropecuaria en las zonas ya declaradas, pero también incorpora otras.

Se agrega el Departamento Capital en su totalidad, y parcialmente los Departamentos Atreucó, Conhelo, Rancul y Realicó.

También, prorrogaremos hasta el 31 de diciembre la línea de crédito del Banco de La Pampa para compra de forrajes. En este caso, se sumará otra cartera de 1.000 millones de pesos, también con subsidio de tasa de hasta 25 puntos porcentuales según la zona.

Mientras tanto, esperamos la homologación de nuestras decisiones por parte del Gobierno nacional, para que nuestros productores sean alcanzados por los beneficios de la Ley Nacional de Emergencia, y accedan a prórrogas y eximiciones de tributos nacionales.

Más allá de la coyuntura, debemos proyectar el futuro del sector.

Es imprescindible lograr un mayor volumen de integración entre el sector agropecuario y de su industria transformadora.

Según el último informe de la CEPAL, el sector agropecuario representa el 18,9% del Valor Agregado Bruto de La Pampa, y el 11,3% del empleo privado registrado.

Si sumamos la capacidad de la agroindustria, vemos que su participación crece un 70 %.

Ante tamaña realidad, vamos a profundizar la intervención estatal. En esa misma concepción, no es casualidad que todo proceso industrial tenga en La Pampa una carga tributaria cero.

Debemos trabajar juntos para consolidar proyecciones de largo plazo, y dar sostenibilidad y continuidad a los procesos de desarrollo, propiciando más integración entre lo público y lo privado.

Quiero mencionarles dos ejemplos de lo que hicimos y de lo que proponemos hacer.

Nuestras políticas de desarrollo en áreas bajo riego han potenciado nuevas producciones.

En Casa de Piedra, vía duplicación de la superficie en producción bajo riego, se incorporaron nuevos cultivos no tradicionales de La Pampa, como los viñedos y los frutos secos. 

La fuerte inversión privada no sólo se concretó por las condiciones propicias para producir, sino también porque se agregaron beneficios. Menor carga impositiva y menor costo de insumos se complementan con la tributación plena posterior a la generación de ingresos del proyecto.

Facilidades para la compra de tierras con acceso al agua, financiamiento del Banco de La Pampa a 7 años,  con subsidio de tasas, garantías del FOGAPAM, subsidios que cubren el 70% las cargas sociales de los nuevos empleados durante 24 meses, y créditos fiscales para bajar la carga impositiva provincial.

A ello se suma una estabilidad fiscal por 10 años, la invaluable estadística climática y de productividad de cultivos generada luego de más de 15 años de trabajo de la estación experimental del Ente Provincial del Río Colorado.

Como complemento de inversión estatal, se están ejecutando obras para incorporar más superficie bajo riego, y la construcción de una bodega que agregar valor en origen y disminuir considerablemente los costos de transporte de los productores vitivinícolas. Además, se construyen viviendas para el recurso humano afectado a los emprendimientos.

Aunque se trate de una diversificación de la matriz productiva que no interese a todos, sirve visibilizar los beneficios que la acompañan.

Mientras tanto, estamos diseñando otro proyecto innovador.

La industria del cáñamo es otra posibilidad de integración, de diversificación productiva y de planificación a largo plazo.

Nuestra Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta presentó días atrás un estudio integral para la incorporación de la industria del cáñamo al complejo productivo de La Pampa.

Identificada su potencialidad, convocaremos a los productores en un contexto de intervención de instituciones de investigación y desarrollo, nacionales e internacionales.

Su concreción dispondrá también de incentivos diferenciales a medida de su ciclo productivo, similares a los que diseñó exitosamente nuestra Agencia de Inversiones y Comercio Exterior para el área bajo riego.

Uno de los insumos estratégicos para la industria es la energía.

Una respuesta a ello es nuestro Plan de Desarrollo Energético, con herramientas de mediano y largo plazo para garantizar el abastecimiento necesario.

Por ello, a la generación actual del Parque Solar de Victorica, agregaremos la construcción en tres etapas de otro similar en General Pico, para generar 50MW y convocamos, una vez más,  al sector privado a sumarse.

Estas acciones nos permitirán no sólo abastecer más del 35% de la energía que consumimos los pampeanos, sino fundamentalmente administrar el precio de este factor vital para los procesos productivos.

Tenemos todo el andamiaje normativo para incentivar la inversión productiva. Pero fundamentalmente, convicción y decisión política para aportar recursos.

Comparto las palabras del presidente de la Agrícola, días después de su asunción, cuando resalta que “el Estado es uno de los grandes socios del campo” y por ello “necesitamos trabajar en conjunto".

Sin dudas, una estrategia que compartimos y nos invita a seguir articulando a través del diálogo como herramienta superadora.

Somos un Gobierno que dialoga con todos los actores políticos, económicos y sociales de la Provincia.
El campo, en particular, ocupa un lugar en cada espacio de discusión vinculado a su actividad.
Lamentablemente, no podemos decir lo mismo a nivel nacional.

Aunque cada vez que fuimos convocados estuvimos presentes, ese diálogo desapareció ante nuestra postura de reclamar lo que nos corresponde y nos han quitado al conjunto de la sociedad, a todos los sectores, también al campo pampeano.

Porque dialogar es escuchar, ceder y acordar. Y su éxito siempre será el consenso, nunca la imposición.

La situación actual nos obliga a redoblar esfuerzos, trabajando codo a codo para consensuar decisiones.

Desde lo estratégico, fortaleciendo la integración entre lo público y lo privado.

Desde lo conceptual, potenciando la producción y el trabajo como el camino seguro para el desarrollo de toda la sociedad.