El Gobierno deberá definir si permite la reelección anticipada de “Chiqui” Tapia en la AFA

El Gobierno definirá en los próximos días si permite o invalida la convocatoria a elecciones anticipadas de autoridades en la Asociación del Fútbol Argentino, que ordenó Claudio “Chiqui” Tapia para extender su mandato, un año antes de su finalización. Esto se debe a que el club Talleres de Córdoba, que está enfrentado al oficialismo, presentó el viernes pasado un pedido de suspensión ante la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que le dio vistas hoy a la AFA.

Nada de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol argentino se puede entender sin el tema que divide aguas: la resistencia liderada por Tapia a la decisión del presidente Javier Milei de impulsar el ingreso de capitales privados a los clubes, mediante la libre aceptación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Talleres es un club pionero en la apertura a inversores y que compite de igual a igual en Primera, como lo demostró la victoria del último fin de semana ante River, en el Más Monumental.

El club cordobés que preside Andrés Fassi se presentó ante la IGJ por considerar que la convocatoria realizada mediante la asamblea sorpresiva del 30 de agosto pasado, impidió en la práctica el ejercicio de los derechos políticos de la oposición a la actual conducción del fútbol para poder presentar una propuesta electoral. En esa reunión -que ahora está cuestionada y que la IGJ, que encabeza Daniel Roque Vítolo, deberá definir si es válida o no- se aprobó el llamado a elecciones el 17 de octubre y se otorgó un plazo de dos semanas para presentar listas de candidatos.

Fuentes involucradas en la polémica, representantes letrados de Talleres se presentaron ante la IGJ para cuestionar que se hubiera adelantado un año la elección, como así también el cronograma electoral. Este mismo lunes, el organismo nacional le dio traslado a la Asociación del Fútbol Argentino para que brinde su descargo en un plazo máximo de cinco días corridos. “Una vez que estén las dos partes, se tomará una decisión, que puede ser la invalidación de la asamblea del 30 de agosto”, explicaron. Si ocurriera esa decisión, se abriría un nuevo capítulo en la guerra abierta que hay entre el gobierno de Milei y la conducción de la entidad de la calle Viamonte por las SAD. Entre las batallas más importantes está la legal, que se libra en un juzgado de Mercedes que invalidó las SAD y próximamente en la Corte Suprema de Justicia; la relacionada al estatuto de la AFA que la Inspección General de Justicia tiene frenado por politiza a niveles nunca vistos la conducción de la entidad y vacía de funciones al Comité Ejecutivo; y la última pelea, la anulación del famoso decreto 1212, que fue reeditado en el gobierno anterior con el número 510/23, que se decidirá en los próximos días.

El presidente de Talleres -que está vinculado al Grupo Pachuca de México- es un actor clave en toda esta disputa. Está enfrentado con Tapia y tiene una relación inmejorable con Javier Milei, al punto que el pasado 13 de setiembre estuvieron reunidos en la Casa Rosada. Durante ese encuentro, Milei dijo que “tenemos que lograr que nuestra Liga este a la altura de las mejores del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania, que es en donde se forman los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América”. En esa línea se expresó Fassi, quien aclaró que “independiente de los formatos jurídicos”, lo fundamental está “en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social”.

En Casa Rosada el jefe de Estado y el empresario que logró que el club de Córdoba emergiera del Federal A a la Primera División hablaron sobre la posibilidad de tener una Liga Profesional autónoma, como así también de los ingresos por derechos de televisión nacional e internacional, la infraestructura de centros deportivos y estadios, el formato de los torneos, el fair play financiero, la profesionalización y autonomía del arbitraje, la inversión en fútbol formativo, la seguridad con el fin de volver a tener la presencia de ambas hinchadas en las canchas, el respaldo patrimonial personal de quienes gestionan los clubes y la responsabilidad social de los clubes.