La senadora Norma Durango se refirió al proyecto que impulsa bajar la edad de imputabilidad “cuesta mucho creer que tenga buenas intenciones”. Consideró que el objetivo primordial que persigue el proyecto es profundizar políticas de castigo sobre las y los jóvenes.
Nacionales10 de enero de 2019
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Durango expresó que “creo que esto es una idea de campaña, no es casual en el 2017 y antes en 2015 el tema tomó protagonismo, y fue cercano a un hecho que involucraba a menores. Se confunde a la ciudadanía haciéndole creer que una reforma en la legislación será aplicada a jóvenes que cometieron delitos que tuvieron difusión mediática nacional el último tiempo, lo cual es falso, porque las leyes penales no son retroactivas”.
La senadora precisó que “Lo dije desde siempre me opongo a la baja de la edad de imputabilidad. Conozco y acuerdo con la opinión del Comité de los Derechos del niño, de la ONU, conozco y acuerdo con lo que opina UNICEF y la mayoría de las ONG que respetan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Está comprobado por la experiencia de muchos países, que bajar la edad no trae mayores niveles de seguridad, y si bien hay que discutir un Régimen Penal Juvenil, hay que hacerlo en el marco del respeto a los derechos de este colectivo” dijo Durango.
La Senadora había opinado hace un par de días que “las y los adolescentes tienen que estar en la escuela, no en la cárcel y deben tener la certeza de que cuando terminen el ciclo escolar tendrán la opción de estudiar una carrera superior o trabajar dignamente”.
Reiteró que “la verdad que tengo dudas al respecto. Me parece hasta inconstitucional en parte este proyecto, dado que bajar la edad de imputabilidad sería regresivo y gravísimo. En el Derecho Internacional de Derechos Humanos existe el principio de no regresividad y de progresividad, esto quiere decir que está prohibido regresar a instancias anteriores con un derecho determinado. Yo no soy abogada pero tengo claro que en materia de derechos humanos y derechos conquistados sólo se debe avanzar, nunca retroceder. En este sentido voy a recordar un dato muy interesante que es gráfico, el Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Y en el año 1954 durante el gobierno peronista, se estableció en 16 la edad, en el marco de una clara política diseñada para proteger la infancia y la adolescencia, y cuando llegó la dictadura, derogó parcialmente esa legislación y llevó la edad de punibilidad a 14 años. Ideológicamente es clara la posición que tengo y me parece que como peronista y como militante de los derechos humanos y en este caso como titular de la Comisión Bicameral de NNyA no puedo menos que señalar que este proyecto retrotrae al modo que ya probó la Dictadura en Argentina” expresó.
Durango hizo hincapié en que “esta no es una medida dirigida a la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, y tampoco resolverá los problemas de inseguridad. Lo qué hay que bajar es la inflación, los índices de pobreza, hay que bajar la deserción escolar y el desempleo. Creo que se equivocan en el diagnóstico quienes creen que estigmatizando a la juventud van a lograr algo. Lo que hay que hacer es trabajar por la inclusión social, cultural deportiva y sobre todo educativa de las niñas niños y adolescentes en la Argentina, en definitiva, lo que hay que hacer es trabajar en la prevención, con políticas públicas integrales para evitar que nuestros jóvenes delincan, nos quieren hacer creer que hay pibes que nacen chorros y eso no es así, y el Estado debe garantizar el desarrollo integral de este colectivo”, expresó.
La senadora recordó que “el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones a la Argentina en junio del 2018 recomendó que se ‘apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal’ dijo. No se trata de sumar más leyes, hay que cumplir las que ya existen, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) y todos los tratados internacionales de derechos humanos establecen los derechos con los que cuenta cada niño y cada niña, pero miles no tienen las condiciones básicas de existencia, ni alimentación y educación adecuadas”.
Para finalizar señaló que “no nos olvidemos de lo que todos sabemos es una realidad, que el hilo no se corte por lo más delgado, siempre detrás de un adolescente que delinque hay una situación de miseria, abandono y/o violencia, y muchas veces grupos criminales organizados, adultos que los usan”, cerró la Presidenta de la Comisión Bicameral de NNyA del Senado.
Al respecto, el legislador nacional expresó: "En tiempos en que hablamos del deterioro institucional, más que nunca, debemos respetar la Constitución. Lo venimos diciendo desde hace meses, ya marcamos algunas disidencias. Sin entrar a discutir el perfil de ambos postulantes, desde el vamos el método que eligió el oficialismo no es el correcto. Es necesario entender que acá hay un camino a recorrer, que es el de la construcción de consensos en el Senado”.
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