En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
Judiciales06 de noviembre de 2024
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CÓRDOBA | Gieco indicó que la autopsia realizada en San Francisco confirmó que Aralí ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio en la casa familiar. “No aspiró humo”, señaló, explicando que los pulmones de la niña no estaban colapsados y que su muerte fue anterior a las llamas. También descartó asfixia, armas blancas o de fuego, sugiriendo en cambio que sufrió golpes en el tórax.
El padrastro de Aralí, Ezequiel Simeone, y Cristian Varela, amigo de este, fueron detenidos y se los acusa de homicidio. A su vez, la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch, enfrenta cargos de “comisión por omisión en grado de partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo”, ya que no garantizó la protección de su hija en un entorno familiar marcado por la violencia.
Abuso y Abandono en un Entorno Destructivo
El fiscal agregó que se está investigando un posible abuso sexual como parte del crimen. “Uno de los imputados, en un dicho espontáneo durante la detención, mencionó que ‘era costumbre que la abusaran’”, relató Gieco. Este dato, junto con los testimonios de vecinos y maestros que observaban signos de violencia en el hogar, refuerza la hipótesis de un ambiente inadecuado y peligroso para la niña y sus hermanos.
Los detalles resultan desgarradores: los hermanitos de Aralí quedaron solos con el cuerpo de su hermana en la vivienda tras el crimen. "Estuvieron a la buena de Dios", declaró el fiscal, criticando la ausencia de la madre en un contexto donde los menores quedaban expuestos a situaciones de alto riesgo.
Una Investigación Bajo la Lupa de la SENAF
Este caso ha despertado críticas a la falta de intervención estatal, recordando la tragedia de Lucio Dupuy en La Pampa. El fiscal Gieco explicó que la SENAF, responsable de la protección infantil, lleva adelante una revisión interna del manejo de la situación. En julio de este año, el juzgado de familia ordenó el cese de medidas de protección, basándose en informes que indicaban una supuesta “rehabilitación” de la madre respecto a sus problemas de drogadicción y un tratamiento psicológico positivo para el padrastro.
"No había ninguna medida de protección con los otros hermanitos”, añadió el fiscal, destacando que el informe sugería la reintegración familiar, lo que finalmente resultó en una tragedia.
Un Caso que Exige Respuestas
La muerte de Aralí Vivas no solo ha impactado a Brinkmann, sino que también reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado y las instituciones de protección de menores en prevenir este tipo de situaciones. Gieco indicó que la SENAF y el juzgado deberán rendir cuentas sobre cómo se gestionó este caso y cómo se permitirá a los otros hermanos, sobrevivientes de un entorno tan violento, recibir la protección que no tuvieron hasta ahora.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
El juez de Control de la IV Circunscripción Judicial, Carlos Espínola, condenó a J.D.V., de 69 años, a una pena de seis meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple en contexto de violencia infantil y de género. La sentencia, emitida en el expediente 9822/0, responde a la denuncia presentada por la madre de la víctima, una adolescente menor de edad.
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El gobierno impulsa despidos masivos, retiros voluntarios y la venta de más de 27 mil hectáreas del INTA. Gremios en alerta y críticas por la "intervención directa" en el organismo.
Dos personas de Chubut protagonizaron un accidente en la Ruta 35, a la altura del Bajo Giuliani. El impacto con el animal dejó daños materiales, pero los ocupantes resultaron ilesos.
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