En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
Judiciales06/11/2024
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CÓRDOBA | Gieco indicó que la autopsia realizada en San Francisco confirmó que Aralí ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio en la casa familiar. “No aspiró humo”, señaló, explicando que los pulmones de la niña no estaban colapsados y que su muerte fue anterior a las llamas. También descartó asfixia, armas blancas o de fuego, sugiriendo en cambio que sufrió golpes en el tórax.
El padrastro de Aralí, Ezequiel Simeone, y Cristian Varela, amigo de este, fueron detenidos y se los acusa de homicidio. A su vez, la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch, enfrenta cargos de “comisión por omisión en grado de partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo”, ya que no garantizó la protección de su hija en un entorno familiar marcado por la violencia.
Abuso y Abandono en un Entorno Destructivo
El fiscal agregó que se está investigando un posible abuso sexual como parte del crimen. “Uno de los imputados, en un dicho espontáneo durante la detención, mencionó que ‘era costumbre que la abusaran’”, relató Gieco. Este dato, junto con los testimonios de vecinos y maestros que observaban signos de violencia en el hogar, refuerza la hipótesis de un ambiente inadecuado y peligroso para la niña y sus hermanos.
Los detalles resultan desgarradores: los hermanitos de Aralí quedaron solos con el cuerpo de su hermana en la vivienda tras el crimen. "Estuvieron a la buena de Dios", declaró el fiscal, criticando la ausencia de la madre en un contexto donde los menores quedaban expuestos a situaciones de alto riesgo.
Una Investigación Bajo la Lupa de la SENAF
Este caso ha despertado críticas a la falta de intervención estatal, recordando la tragedia de Lucio Dupuy en La Pampa. El fiscal Gieco explicó que la SENAF, responsable de la protección infantil, lleva adelante una revisión interna del manejo de la situación. En julio de este año, el juzgado de familia ordenó el cese de medidas de protección, basándose en informes que indicaban una supuesta “rehabilitación” de la madre respecto a sus problemas de drogadicción y un tratamiento psicológico positivo para el padrastro.
"No había ninguna medida de protección con los otros hermanitos”, añadió el fiscal, destacando que el informe sugería la reintegración familiar, lo que finalmente resultó en una tragedia.
Un Caso que Exige Respuestas
La muerte de Aralí Vivas no solo ha impactado a Brinkmann, sino que también reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado y las instituciones de protección de menores en prevenir este tipo de situaciones. Gieco indicó que la SENAF y el juzgado deberán rendir cuentas sobre cómo se gestionó este caso y cómo se permitirá a los otros hermanos, sobrevivientes de un entorno tan violento, recibir la protección que no tuvieron hasta ahora.
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