Las primeras auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad revelaron “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”.
Nacionales15/11/2024
InfoTec 4.0
A través de un operativo realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno detectó que 212 personas en situaciones judiciales (presos, procesados y condenados) cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, por lo que son incompatibles para poder recibir el beneficio.
El hallazgo se realizó a raíz de la comparativa de datos con el Servicio Penitenciario Federal. Según explicaron desde la cartera de Salud, "se trata de un cruce que arroja los datos de todo el país, y de una cifra que bien podría ascender, dado que cada servicio penitenciario provincial tiene, a la vez, sus propios datos acerca de los presos, procesados y condenados de cada jurisdicción".
El relevamiento de La Libertad Avanza (LLA) indicó que el 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. En tanto, el 15% restante se entregaron en la gestión de Mauricio Macri. "Con esta información, se procedió a la baja directa de estos beneficiarios para devolver ese dinero a los contribuyentes, para un Estado más eficiente y con recursos destinados a quienes verdaderamente los necesiten", informaron desde el Ministerio de Salud.
El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que la investigación se dio en el marco de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”.
De esa manera, la agencia nacional reafirmó su compromiso de asegurar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente los necesitan.
Los primeros distritos en ser auditados fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías, que continúan en proceso, ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó Spagnuolo.
De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. En esa línea, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Es decir, que el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.
En tanto, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados, siendo que de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria”.
Los casos más destacados de irregularidades
Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años de La Matanza, que recibió su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro ejemplo similar es el de un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo el subsidio en un tiempo récord de seis días, siendo que estaba cumpliendo prisión domiciliaria.
Sobre ese aspecto, las autoridades de la ANDIS expresaron que hay casos que "son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”. Uno de ellos es el de un hombre que tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
Por otro lado, había beneficiarios que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso, ante lo que explicaron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un letrado.
En otro caso, a la auditoría asistió el hijo del beneficiario. Cuando se le preguntó por el titular de la pensión, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra el beneficio. Una situación similar ocurrió con una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado, y trató de convencer a los auditores de que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
Sumado a esto, trascendió el caso de dos personas beneficiadas que cumplían condena desde antes de haber recibido el subsidio. Una de ellas asistió a la auditoría pese a estar “cumpliendo arresto domiciliario”, siendo que no avisó a las autoridades judiciales de su salida. En el segundo caso, se presentó un familiar. Ambos recibieron el beneficio en tan solo 13 días, poco antes del 10 de diciembre de 2023.
“Los parásitos cayeron en su propia trampa”, había manifestado el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado 25 de octubre, fecha en que reveló el número de prófugos detenido al ser citados por la ANDIS para ser auditados. “Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa", expresó.
"Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además, se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”, destacó el portavoz.
Los nuevos requisitos para acceder a las pensiones
A través de la ANDIS, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por la gestión de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dieron lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro de Salud Mario Antonio Russo, la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.
El texto establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”, sostuvo la ANDIS.
A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-Presentar el DNI y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años, ascendiendo a diez años para extranjeros. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
-No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
-Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La ANDIS determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
-Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.
“Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan”, sostuvo Spagnuolo. “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”, manifestaron desde La Libertad Avanza.
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