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SAN LUIS | Antes de iniciar sus vacaciones, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, prorrogó por un año la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad. Esta decisión, vigente desde el 18 de diciembre de 2024, mantiene las medidas de ajuste que han impactado en los salarios, las obras públicas y servicios esenciales, afectando profundamente a la comunidad puntana.
En el decreto que fundamenta la prórroga, el gobierno provincial señaló un déficit en la cuenta de inversión de 2023, el cual habría repercutido en el presupuesto 2024. Sin embargo, desde sectores críticos calificaron esto como una “mentira sustancial”, recordando que la gestión anterior, liderada por Alberto Rodríguez Saá, dejó más de 100 mil millones de pesos en caja, incluyendo reservas en moneda extranjera, respaldadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Poggi también atribuyó la decisión a complicaciones nacionales, como la suspensión de transferencias federales para subsidios al transporte, conectividad e incentivos docentes, así como a la caída de los recursos coparticipables, que registraron una disminución interanual del 18,92% en agosto. No obstante, analistas y opositores señalaron que las justificaciones oficiales tienden a responsabilizar a terceros, mientras la población enfrenta las consecuencias del ajuste.
La emergencia permite al gobierno priorizar recursos, pero también implica salarios licuados, obras públicas detenidas y recortes en áreas claves como salud, educación y asistencia social. Un ejemplo reciente es la crisis de abastecimiento de agua potable en El Volcán. La falta de una conexión de 1500 metros entre la planta potabilizadora local y el Acueducto La Florida 2 impide que los pobladores accedan a agua de mejor calidad, problema atribuido al freno en la obra pública.
Por otro lado, el presupuesto proyectado para 2025 refleja que dos tercios de los gastos se concentran en salarios, transferencias automáticas y planes sociales, lo que evidencia una estructura de gastos rígida y limitada.
“El ajuste tiene un único destinatario: los puntanos”, señalaron críticos de la medida, destacando que la emergencia perpetúa una crisis que parece no tener fin y que deja a los sectores más vulnerables de la provincia sin respuestas concretas.
