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NACIONALES | Según detalla el decreto, el objetivo principal es implementar un sistema unificado de concesión por peaje, alineado con los lineamientos establecidos para la Red Vial Nacional. Esto permitirá al sector privado encargarse del mantenimiento, la seguridad y la operación de los tramos involucrados, a cambio del cobro de peajes.
Una decisión anticipada por el Ejecutivo
La iniciativa, adelantada días atrás por el Gobierno, se enmarca en un plan más amplio de ajuste del gasto público. La normativa justifica la medida como una manera de garantizar la conservación de las rutas con un esquema más eficiente y sostenible a largo plazo.
El decreto también aclara que el proceso licitatorio priorizará empresas que cuenten con experiencia comprobable en la gestión de infraestructura vial y seguridad en rutas de alta circulación.
Impacto en los usuarios
Aunque aún no se han precisado detalles sobre los costos de los peajes o los plazos de implementación, esta decisión podría generar controversia entre los usuarios, especialmente aquellos que transitan frecuentemente las rutas involucradas.
Un modelo de gestión que divide opiniones
El esquema de concesión vial no es nuevo en el país y ha sido objeto de críticas y apoyos en igual medida. Mientras algunos sectores destacan que la participación privada puede mejorar la calidad de las rutas y reducir la carga estatal, otros advierten sobre el impacto económico para los ciudadanos y el riesgo de falta de control en las tarifas y servicios.
El Gobierno argumentó que este modelo permitirá garantizar la conservación sistemática de las rutas con menores costos para el Estado, aunque se esperan debates en torno a los efectos sociales y económicos de la medida.
Próximos pasos
El llamado a licitación será acompañado por la publicación de los pliegos técnicos y legales en las próximas semanas. Desde el Ejecutivo aseguraron que el proceso será transparente y competitivo, permitiendo la participación de empresas nacionales e internacionales.
La privatización de rutas nacionales, ahora oficial, marca un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y modernizar la infraestructura vial, aunque no exenta de desafíos y cuestionamientos.
