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Tierno sostiene que el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli no podría haber avanzado con la aplicación de la revisión técnica vehicular sin la complicidad del gobernador Ziliotto, tanto por acción como por omisión. Según el denunciante, la Ley Provincial N.º 1713 establece que la revisión técnica vehicular es una competencia provincial y debe ser realizada y fiscalizada por el Consejo Provincial de Tránsito, asegurando el cumplimiento normativo.
Sin embargo, en el año 2023, Di Nápoli aprobó una ordenanza que, según Tierno, violó la Ley de Tránsito Provincial. En lugar de frenar esta acción, Ziliotto autorizó la firma de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que, según el denunciante, ha sido históricamente manipulado por el kirchnerismo.
El servicio jurídico del Estado, a través de la Asesoría Letrada de Gobierno, dictaminó que Ziliotto no podía firmar la autorización ni el decreto que permitía a un municipio realizar la revisión técnica vehicular. No obstante, el gobernador firmó el decreto el 12 de octubre de 2023, lo que, según la denuncia, constituye una violación de la ley.
Además, Tierno alega que Ziliotto incumplió su deber constitucional de hacer cumplir las leyes de la provincia y ejercer la Policía de la Provincia. Según el denunciante, el gobernador obstaculizó la acción del Consejo Provincial de Tránsito, impidiendo que se detuviera esta maniobra ilegal. Como resultado, los ciudadanos de Santa Rosa y de toda la provincia se vieron obligados a someterse a una revisión técnica vehicular considerada ilegal.
El tercer punto de la denuncia destaca que Ziliotto bloqueó la acción de la Policía de la Provincia para evitar que cumpliera su rol de prevención y control en materia de tránsito, lo que permitió la implementación irregular del sistema de revisión técnica vehicular. Según Tierno, esto demuestra que Di Nápoli no podría haber concretado esta acción sin la complicidad del gobernador.
El denunciante recordó que cuando Ziliotto firmó el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, siguiendo la línea de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, justificó su acción asegurando que “no hay que tenerle miedo al juicio político y las personas denunciadas deben usar esa herramienta constitucional para expresarse ante el pueblo”. En este sentido, Tierno sostiene que cualquier intento de evitar el tratamiento de la denuncia sería una declaración de culpabilidad.
El juicio político es el mecanismo que permite a los funcionarios denunciados explicar su accionar ante el pueblo a través de la Cámara de Diputados. En este caso, la revisión técnica vehicular habría violado el derecho a la libertad de tránsito y generado perjuicios económicos indebidos a los ciudadanos, como la retención de vehículos y el cobro ilegal de multas.
La Sala Acusadora encargada de tramitar la denuncia está compuesta por los siguientes diputados: Titulares: Juan Ramón Barrionuevo (FREJUPA), Espartaco Marín (FREJUPA), Pedro Federico Ortiz García (FREJUPA), Romina Paola Mota (UCR), Matías Francisco Traba (PRO-MID) y Carlos Maximiliano Aliaga Souto (Comunidad Organizada). Suplentes: Marcela Lilia Ana Páez (FREJUPA), César Oscar Montes de Oca (FREJUPA), Julián Oscar Aguilar (UCR) y Lucas Andrés Lazaric (PRO-MID).
Ahora, resta esperar la decisión de la Sala Acusadora y el avance del procedimiento en la Cámara de Diputados.
