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Sin embargo, el oficialismo se negó a votar la propuesta del diputado Maximiliano Aliaga, quien enfatizó: “Es momento de que toda la Cámara de Diputados concurra a 25 de Mayo para conocer los pozos petroleros que estarán sujetos a la futura concesión. Debemos garantizar plena transparencia en un negocio que abarca cerca de 7.000 millones de dólares en la provincia”. Además, destacó la importancia de “trabajar en el territorio con las necesidades de la comunidad”.
Por otro lado, Comunidad Organizada también solicitó el urgente tratamiento del proyecto presentado en enero para una sesión especial que aborde la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Piden que el gobernador Sergio Ziliotto cumpla con las obligaciones establecidas por la Ley de Seguridad Vial y su decreto reglamentario vigente en La Pampa.
Dicha normativa establece que el Gobernador, a través del Consejo Provincial de Tránsito, debe fiscalizar el cumplimiento de la ley, especialmente en Santa Rosa, donde se ha impuesto ilegalmente una revisión técnica que, según la legislación vigente, solo puede ser realizada por el gobierno provincial.
A pesar de la gravedad de la situación, el oficialismo respalda al intendente Luciano Di Nápoli, negándose sistemáticamente a tratar el tema. La diputada Sandra Fonseca se pronunció al respecto: “La implementación de la Revisión Técnica Vehicular es competencia provincial. Es el Consejo Provincial de Tránsito, que integra esta Cámara de Diputados, quien debe proponer normas integrales al Poder Ejecutivo para su implementación”.
Ante esta situación, se ha solicitado la apertura de un juicio político contra el gobernador Ziliotto, exigiéndole explicaciones sobre su responsabilidad en la aplicación de la RTO y el presunto avasallamiento de los derechos de los pampeanos, tanto en Santa Rosa como en el resto de la provincia.
En cuanto a la aprobación de los proyectos que rechazan el veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y Movilidad Jubilatoria, el diputado Aliaga manifestó su preocupación por el financiamiento de estas iniciativas. Destacó la necesidad de protegerlas de intereses políticos y alertó sobre los desafíos económicos que enfrenta la provincia: “Muchos jubilados en La Pampa viven por debajo de la línea de pobreza y la situación de las mujeres afectadas por el recálculo sigue sin resolverse”.
Aliaga también hizo referencia a los conflictos generados en torno a estos debates: “Hemos sido testigos de maniobras, enfrentamientos, personas heridas y la presencia de barras bravas en situaciones previas. No podemos olvidar que la expresidenta Cristina Fernández vetó el aumento del 82% móvil. Es hora de dejar de repetir estos ciclos y empezar a generar propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los argentinos”.
Finalmente, destacó la importancia de defender la educación pública como pilar del progreso, promoviendo auditorías y otros mecanismos de control externo para garantizar su transparencia y financiamiento adecuado.
