Empleado judicial deberá devolver el dinero y fue inhabilitado para siempre por estafa

La sentencia contra Fabricio Eugenio Vigne fue dictada por el juez de control santarroseño, Néstor Daniel Ralli, en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal general Máximo Paulucci, los defensores particulares Mariano Alberto Alomar y Nicolás Javier Espínola y el propio imputado, quien aceptó la autoría del hecho.

En los abreviados, una solución alternativa al juicio oral, los jueces y juezas no pueden imponer penas más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal porque así lo establece el Código Procesal Penal de La Pampa.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía durante la investigación preparatoria pudo comprobarse que el pasado 10 de febrero –hace apenas algo más de un mes–, un hombre se presentó en el M.P.F. a solicitar que le restituyeran un vehículo que había sido secuestrado en el marco de otra causa penal.

Vigne, siendo empleado de dicho organismo, le pidió dinero, diciéndole “¿querés que te ayude?... lo sacamos rápido”. En esas circunstancias, lo hizo ingresar a un pasillo, le solicitó la tarjeta del auto y el documento de identidad o carné de conducir y se fue. Regresó minutos más tarde y expresó: “¿tenés plata? … ¿cuánto tenés?”.

El hombre le entregó todo lo que tenía en ese momento (97.000 pesos), pero un rato después Vigne le envió un mensaje requiriéndole 100.000 pesos más para concluir el trámite. Así fue como se encontraron en un local comercial de Toay a sacar fotocopias de la documentación y después fueron hasta la plaza central. Se sentaron en un banco, charlaron sobre el tema y el damnificado le dio aquella suma en un sobre color madera.

La condena contra Vigne (36 años) fue como autor de los delitos de estafa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Además deberá acreditar la devolución de los 197.000 pesos y cumplir, durante tres años, con las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal, y realizar un tratamiento terapéutico.​