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LA PAMPA | La audiencia pública convocada para el próximo 12 de junio en la localidad de 25 de Mayo, relacionada con el área hidrocarburífera El Medanito, tiene un obstáculo antes de llegar a su fecha. El partido Comunidad Organizada presentó una impugnación formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y solicitó su suspensión, alegando que el procedimiento tal como fue convocado presenta irregularidades que lo tornan inválido y que restringen la participación de la ciudadanía.
La presentación, firmada por los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga y por el presidente del partido, Juan Carlos Tierno, fue también puesta en conocimiento de la Cámara de Diputados de La Pampa y del gobernador de la provincia. Los argumentos son varios y de distinto orden, pero todos apuntan a la misma conclusión: la audiencia, tal como fue diseñada, no cumple con las exigencias legales ni garantiza una participación genuina.
El primer cuestionamiento apunta a la competencia del organismo convocante. Según sostiene la impugnación, la audiencia fue llamada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, cuando la legislación ambiental provincial atribuye esa facultad exclusivamente al Ente de Políticas Ambientales. Un organismo sin competencia legal para convocar no puede presidir válidamente un proceso de esta naturaleza, argumentan.
El segundo punto es igualmente central. El edicto publicado para la convocatoria revela que se pretende someter a consideración pública un supuesto Informe Final Ambiental elaborado unilateralmente por la empresa concesionaria. Pero la normativa vigente establece con claridad que ese informe debe ser producido por la Autoridad Ambiental Provincial, no por la propia empresa. Someter a debate público un documento elaborado por quien tiene intereses directos en el resultado, sin el respaldo técnico independiente que exige la ley, desnaturaliza el propósito mismo de la audiencia.
A esto se suma otro elemento que la impugnación califica como un reconocimiento implícito de falla institucional: las propias autoridades encargadas de la fiscalización habrían admitido incumplimientos previos en las obligaciones de control ambiental en el área El Medanito, lo que impediría contar con la información técnica necesaria para garantizar una evaluación transparente y objetiva sobre el estado ambiental de la zona.
El cuarto argumento tiene que ver con la restricción concreta al acceso ciudadano. La audiencia fue organizada sin mecanismos de participación virtual, obligando a todos los interesados —organizaciones ambientales, instituciones académicas, representantes políticos y ciudadanos en general— a trasladarse físicamente hasta 25 de Mayo para poder intervenir. Una exigencia que, en la práctica, excluye a buena parte de quienes podrían tener algo legítimo para aportar al debate.
Desde Comunidad Organizada subrayaron que este punto contradice directamente los principios del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental que Argentina ratificó, y que garantiza la participación amplia de la ciudadanía en procesos de esta naturaleza.
Los presentantes fueron cuidadosos al encuadrar su reclamo. "Aquí lo que se cuestiona no es la realización de una audiencia pública, sino que ésta se lleve adelante respetando la ley, con información ambiental producida por las autoridades competentes y garantizando la participación plena de toda la ciudadanía", señalaron, dejando en claro que no se oponen al proceso en sí sino a la forma en que fue articulado.
Por todo lo expuesto, solicitaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que intervenga de manera urgente y disponga la suspensión de la audiencia hasta que se corrijan las irregularidades denunciadas y se garantice un procedimiento ajustado a derecho, transparente y verdaderamente participativo.
