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El proyecto se fundamenta en la autonomía municipal establecida en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de La Pampa, así como en la Ley Orgánica de Municipalidades. Según argumenta Pérez, el reglamento vigente contiene contradicciones y omisiones que dificultan el normal funcionamiento del Concejo, lo que justifica la necesidad de introducir cambios.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación del artículo 53 bis, que establecería un mecanismo más ágil para la solicitud de informes al Departamento Ejecutivo Municipal. De aprobarse, los pedidos de informe podrán realizarse mediante una nota formal a través de la Secretaría Administrativa del Concejo, con un plazo máximo de tres días hábiles para su remisión.
Además, se plantea la modificación del artículo 54, redefiniendo los tipos de proyectos que pueden presentarse. Se especifica que las iniciativas serán clasificadas como ordenanza, disposición, resolución o comunicación, con la posibilidad de incluir otros formatos según su naturaleza. También se introduce la posibilidad de proyectos en colaboración, permitiendo que concejales de distintos bloques puedan firmar una misma iniciativa, algo que hasta ahora no estaba expresamente contemplado en el reglamento.
Por otro lado, la iniciativa propone modificaciones en los artículos 55, 121 y 122, con el objetivo de garantizar mayor claridad en el proceso de tramitación de ordenanzas y disposiciones internas del Concejo. En este sentido, se busca evitar que las normas del reglamento puedan ser alteradas mediante disposiciones sobre tablas, exigiendo un proceso formal para cualquier modificación.
El proyecto también incorpora nuevos puntos en el Anexo B del Reglamento Interno, estableciendo criterios claros para la presentación de proyectos tanto de ordenanza como de disposición, resolución y comunicación.
La propuesta de Pérez se enmarca en su nuevo posicionamiento político dentro del Concejo Deliberante, donde intenta imponer su agenda bajo la bandera de la desburocratización y la eficiencia legislativa, en línea con las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Su propuesta deberá sortear la discusión en el recinto, donde la oposición podría verla como un intento de reescribir las normas en función de su nueva postura política.
