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Dicha resolución, publicada en el Boletín Oficial el pasado 18 de marzo, tenía como objetivo permitir el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una medida que buscaba corregir una desigualdad en los precios de la carne entre distintas regiones del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en los últimos tres meses la inflación de la carne en la Patagonia fue del 23,8%, significativamente superior a la de otras zonas. Además, se estima que los consumidores patagónicos pagan hasta un 100% más por el kilo de carne en comparación con el resto del país.
La medida también se alineaba con la recomendación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que avala la movilización de carne y animales de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia zonas libres sin vacunación. Esto se fundamenta en los avances epidemiológicos logrados por Argentina en el control de la enfermedad.
Sin embargo, poco después de su publicación comenzaron a circular versiones sobre una posible marcha atrás en la implementación de la resolución, supuestamente debido a la presión ejercida por los gobernadores patagónicos. Aunque distintos medios de comunicación informaron que la medida sería suspendida por 90 días para abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas, hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno Nacional.
Ante este panorama, Ardohain presentó su proyecto de resolución solicitando que el SENASA informe si efectivamente se suspenderá la Resolución 180/2025, los motivos de la medida, si la decisión responde exclusivamente a un pedido de los gobernadores patagónicos y el tiempo estimado de la suspensión. Además, requirió detalles sobre la posible conformación de una mesa de diálogo y la inclusión de otros gobernadores en la discusión.
“El ingreso de carne con hueso a la Patagonia es un tema clave no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y social. Es fundamental que la decisión que se tome sea producto de un diálogo transparente e inclusivo, donde participen todas las provincias afectadas y no solo las patagónicas”, expresó el legislador.
El pedido de informes busca arrojar claridad sobre el futuro de la resolución y garantizar que cualquier modificación en su implementación responda a criterios técnicos y no exclusivamente a presiones políticas.
