Durante la última sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, acusó al gobernador Sergio Ziliotto de instruir a su bloque para impedir el tratamiento del nuevo esquema de licencias de conducir y verificación técnica vehicular (VTV), lo que —según alertó— pone en riesgo la validez nacional de estos documentos en La Pampa.
22 de mayo de 2025
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“La provincia se adhirió al Sistema Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en 1995. Contamos con una ley provincial que solo puede ser modificada por otra ley provincial. Al no adherir al nuevo decreto nacional, La Pampa quedó fuera de la validez nacional para licencias y revisiones técnicas”, explicó Fonseca.
Además, afirmó que el oficialismo impidió el debate a raíz de una orden directa del Ejecutivo. “Desde el 18 de marzo, con la vigencia del nuevo sistema, las licencias pampeanas —especialmente las profesionales— están en riesgo, así como las VTV realizadas en talleres no habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, advirtió. En ese marco, volvió a cuestionar la habilitación del taller de Di Nápoli, señalando que “fue ilegal desde su inicio y continúa siéndolo”.
Duras críticas a la Cuenta de Inversión 2023
Por otra parte, el diputado Maximiliano Aliaga, también de Comunidad Organizada, votó en contra de la aprobación de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023 y apuntó contra la situación fiscal de la provincia: “El propio funcionario enviado por el Ejecutivo admitió que La Pampa tiene déficit fiscal, desmintiendo así el discurso oficial”.
Aliaga sostuvo que se manipulan recursos públicos a través de fideicomisos opacos, cuyos destinos no fueron aclarados por el Ministro responsable. “Se trata de estructuras paralelas, como la bodega, el autódromo y otros emprendimientos, que el propio Ejecutivo evita detallar, lo que impide el control ciudadano sobre el dinero pampeano”, denunció.
También cuestionó el abuso en la contratación directa. “Durante la pandemia se realizaron 61.000 compras directas bajo la excusa de la emergencia sanitaria. Pero en los años siguientes, sin pandemia, se hicieron 66.000, violando las normas básicas de contratación pública”, apuntó.
Publicidad oficial, subejecución y abandono institucional
Aliaga subrayó que el presupuesto aprobado para publicidad oficial, que inicialmente era de $397 millones, fue ampliamente superado, alcanzando $2.500 millones. “Un gobierno que necesita tanta propaganda para sostenerse demuestra que no es genuino ni transparente”, afirmó.
Además, denunció subejecuciones en áreas clave: “En el IPAV no se usaron los fondos previstos para viviendas y, en cambio, colocaron ese dinero a plazo fijo”. También criticó la inacción del Ente Provincial del Río Colorado, que “perdió su función original de impulsar el desarrollo productivo del polo de 25 de Mayo, donde más de 6.000 hectáreas de riego están abandonadas”.
Para Comunidad Organizada, la Cuenta de Inversión 2023 no solo exhibe desorden administrativo y déficit, sino un modelo de gestión que —según sus legisladores— pone en riesgo el desarrollo de la provincia: “El Estado presente de Ziliotto ha sido, en realidad, un obstáculo para el progreso del pueblo pampeano”, concluyó Aliaga.
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