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CONGRESO | El proyecto, impulsado por la oposición y en particular por el diputado Daniel Arroyo, contempla un paquete de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI. El objetivo es fortalecer el sistema de pensiones no contributivas y actualizar los valores para los prestadores del sistema de atención integral.
Entre los puntos destacados de la norma se encuentra el aumento de las pensiones no contributivas por invalidez, que pasarían a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio y serán compatibles con empleos formales, siempre que no superen los dos salarios mínimos. También se contempla la posibilidad de incrementos adicionales según zona geográfica o nivel de invalidez.
En respuesta a las reiteradas quejas del sector, el texto plantea una actualización automática mensual de los aranceles conforme al índice de precios al consumidor (IPC), así como una compensación por la inflación no cubierta en 2024. Además, se incluye un régimen de regularización fiscal para prestadores, con condonación de intereses y facilidades de pago.
Otro eje importante es el financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el objetivo de garantizar el funcionamiento de sus programas de salud, accesibilidad e inclusión. También se plantea el compromiso de cumplir con la Ley 26.816, sobre empleo protegido para personas con discapacidad.
Desde el oficialismo, el rechazo fue firme. Legisladores de La Libertad Avanza calificaron el proyecto como "demagógico" y anticiparon que el presidente Javier Milei podría vetarlo, como ya amenazó hacer con otras iniciativas de contenido social. La diputada Emilia Orozco acusó al kirchnerismo de haber usado la discapacidad “como un curro” y criticó el costo fiscal de la medida.
A pesar de los cruces, distintos bloques coincidieron en que declarar la emergencia no resuelve los problemas estructurales del sistema. “Es apenas el comienzo de una solución”, expresó el diputado Pablo Juliano. Por su parte, la legisladora radical Soledad Carrizo pidió responsabilidad política para avanzar con soluciones profundas, instando al Gobierno a evitar mayor tensión social.
