Llaryora se suma a Ziliotto en el reclamo por la Ruta 35: fuerte advertencia al Gobierno nacional

HUINCA RENANCÓ | Durante su reciente visita a Huinca Renancó, Llaryora transitó el peligroso trayecto comprendido entre el kilómetro 573 y el límite con La Pampa, donde la calzada se encuentra en estado crítico. Allí, el gobernador cordobés expresó su preocupación y anunció que realizará gestiones ante el gobierno nacional para que se reparen de forma urgente los sectores más comprometidos. En caso de no obtener respuesta, adelantó que solicitará que los fondos correspondientes sean transferidos a la Provincia de Córdoba para que esta pueda asumir las tareas de mantenimiento directamente.

Como antecedente de este tipo de medidas, Llaryora recordó la experiencia de la Ruta Nacional 36, traspasada en 2012 a jurisdicción provincial durante el primer mandato de Juan Schiaretti y convertida luego en la Autovía Gobernador Juan Bautista Bustos, obra iniciada con gestiones de José Manuel de la Sota y ejecutada con fondos propios de la provincia.

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, también viene impulsando reclamos en el mismo sentido. Desde hace meses advierte sobre las consecuencias del estado calamitoso de las rutas nacionales que atraviesan su provincia, entre ellas las rutas 35, 188, 5, 143 y 141. Ziliotto señaló que la falta de inversión nacional produce una “sobrecarga” en la red vial provincial, lo que afecta al turismo, la producción, la logística, la salud y la seguridad vial.

En este contexto, también se sumó el reclamo de la Comunidad Regional del Departamento General Roca, presidida por Ariel Vidoret, quien declaró en Radio Río Cuarto que desde hace más de dos años vienen solicitando mejoras básicas —como iluminación y señalización— en el cruce de las rutas provincial 27 y nacional 35, cerca de la localidad de Nicolás Bruzzone, uno de los puntos más peligrosos del trayecto.

La situación genera una creciente preocupación a nivel regional, y tanto Córdoba como La Pampa coinciden en exigir que el Estado nacional tome cartas en el asunto, o que delegue en las provincias los recursos necesarios para intervenir de forma inmediata.