Fuerte reclamo federal por la reactivación del Fondo Hídrico: provincias exigen al Gobierno nacional la devolución de $140 mil millones

En la última Asamblea del COHIFE, representantes de todas las provincias apoyaron una resolución impulsada por Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa para exigir la ejecución inmediata del Fondo Hídrico Federal, retenido por Nación desde 2023.

Provinciales27 de junio de 2025INFOtec 4.0INFOtec 4.0
COHIFE

En la reciente Asamblea Anual del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), celebrada en Córdoba, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaron por unanimidad una resolución que solicita al Gobierno nacional la reactivación del Fondo Hídrico Federal. La iniciativa fue promovida por las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa ante la preocupante parálisis en la ejecución de fondos clave para obras de infraestructura hídrica.

El Fondo Hídrico Federal fue creado por la Ley Nacional 26.181 en noviembre de 2006 como un mecanismo genuino y coparticipable de financiamiento para proyectos hídricos que mejoren la infraestructura, el desarrollo regional y la calidad de vida en todo el país. Sin embargo, desde principios de 2023, el Gobierno nacional mantiene retenidos recursos que ascienden a unos 140 mil millones de pesos, impidiendo su ejecución.

Esta situación afecta gravemente la planificación, mantenimiento y ampliación de obras esenciales en las provincias. En el caso de La Pampa, una de las más perjudicadas, la falta de fondos impide avanzar con la segunda etapa del acueducto del río Colorado, una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable y el desarrollo productivo del oeste provincial.

Desde COHIFE se denunció que esta retención constituye un acto ilegal y arbitrario, ya que contradice los principios que dieron origen al Fondo y viola los Principios Rectores de Política Hídrica Nacional, establecidos en el Acuerdo Federal del Agua de 2003, del cual el Estado nacional es parte.

Además, estos recursos fueron incluidos recientemente en el proyecto de ley acordado por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA durante la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se consensuó que los fondos coparticipables deben ser transferidos automáticamente a las provincias, evitando discrecionalidades que, como en este caso, perjudican a la ciudadanía de todo el país.

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