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El “caso Gustavo Gargiulo” fue realmente extraño, más allá que ahora surgen diversas versiones y trascendidos sobre algunos casos “cuasi similares”. El vecino de Laboulaye no conoce Eduardo Castex, e incluso aseguró que “nunca ingresó” a esta localidad. Pero, el 10 de noviembre de 2024, los inspectores municipales le labraron un acta de infracción a una Mercedes Benz Sprinter porque cruzó un semáforo en rojo.
A los días recibió la notificación en su domicilio en la provincia de Córdoba. Y ahí comenzaron los intentos para explicar que se trataba de un error, porque en esos días celebró el cumpleaños de su hija, y tenía más de 80 testigos que estuvieron compartiendo la fiesta. “Es imposible que ese día y en ese horario yo o mi camioneta hayamos estado en Eduardo Castex”, aseguró.
Los inspectores de tránsito no lo atendieron y la jueza de Faltas, Natalia Vallejos, tampoco. Desde la comuna le indicaron que realice un descargo por WhatsApp, donde además ofreció testigos y sus teléfonos para que los contacten. Este trámite fue desestimado por Vallejos y el 26 de marzo emitió la sentencia le aplicó una multa de 200 unidades fijas, a lo cual se deben sumar los intereses. “Fue un error de ellos y me quieren cobrar una multa de $ 500 mil pesos”, se quejó Gargiulo.
Multa anulada.
El infraccionado convencido que se trataba de una injusticia, contrató asesores legales locales e interpuso un recurso de apelación, que fue admitido por el Juzgado Contravencional, y el 30 de junio, el juez Pablo Andrés De Biasi se expidió desestimando y cuestionando a la jueza Natalia Vallejos, y absolviendo a Gargiulo.
El juez contravencional declaró, el 30 de junio, la nulidad de la sentencia del Juzgado de Faltas de Eduardo Castex, por “resultar violatoria de la garantía de inviolabilidad de Defensa en Juicio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, y absolvió a Gustavo Gargiulo de la infracción sancionada por la jueza de Faltas local, Natalia Vallejos.
En los agravios, Gargiulo planteó que “la única constancia de una planilla interna” carece “de valor probatorio”, y cuestionó “la falta de fundamentación adecuada” porque “no aporta ningún elemento de convicción que justifique el rechazo del descargo presentando”. Reveló que la infracción solamente consigna un dominio automotor, pero no los restantes datos identificatorios, referidos al tipo de vehículo, nombre y apellido, DNI, licencia y/o domicilio del conductor”, y esto genera “una duda razonable, sobre la presencia del presunto infractor o su vehículo”.
El sancionado entendió que el accionar de Vallejos fue “arbitrario, falaz y malicioso” porque “utilizó de manera desvirtuada la potestad sancionatoria municipal con fines recaudatorios, en vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad”. Además, expuso que la sentencia contenía “información errónea” porque indica que la sanción “es recurrible, dentro de los 5 días hábiles, ante el juez de Instrucción y Correccional, cuando este juzgado ya no existe”.
Ahora el mal infraccionado, iniciará una demanda civil contra la comuna castense.
