Este lunes se conoció el alegato final en el juicio por la muerte de Solange Musse, la joven que falleció en Alta Gracia durante la pandemia de COVID-19 sin poder despedirse de su padre, Pablo Musse, oriundo de Neuquén. La causa puso bajo la lupa a dos funcionarios del COE de Córdoba, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes como servidores públicos.
Regionales15/09/2025
InfoTec 4.0
RÍO CUARTO | En el banquillo se sentaron Eduardo Andrada, ex director del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, trabajadora social e integrante de la mesa de epidemiología del COE Río Cuarto. Según la acusación, ambos habrían decidido frenar a Musse en la frontera sur de Córdoba y obligarlo a regresar, encapsulado por patrulleros, hasta Plottier, Neuquén, hecho que se produjo el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia.
El fiscal Julio Rivero fue el primero en presentar su alegato y solicitó un año y seis meses de prisión condicional para Andrada y Morales. Rivero sostuvo que Andrada actuó por acción directa, mientras que Morales lo hizo por omisión, y ambos tenían autonomía funcional para decidir quién podía ingresar a la provincia en ese momento. “Ojo con eso de buscar responsabilidades hacia más arriba”, señaló, al enfatizar que los responsables eran quienes tenían capacidad de decisión en la ruta 35.
Rivero también destacó que los derechos de una persona con discapacidad fueron vulnerados, dado que Pablo Musse viajaba acompañado de Paola Oviedo, cuñada de la víctima, quien posee una discapacidad motriz. Según el fiscal, Musse contaba con permisos de circulación por fuerza mayor y de regreso a casa para Oviedo, pero no poseía el PCR negativo de 48 horas, exigido entonces para ingresar a Córdoba. Sin embargo, el protocolo permitía cierta flexibilidad y Musse debería haber sido trasladado al Hospital de Río Cuarto para realizar allí el PCR, en lugar de ser obligado a regresar encapsulado hasta Neuquén.
Además de la solicitud de prisión condicional, el ministerio público pidió que Solange Musse y su familia sean reconocidos como víctimas de violencia institucional, y propuso la instalación de una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba, en recuerdo del episodio.
El juicio genera atención nacional no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el debate sobre la aplicación de protocolos sanitarios durante la pandemia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y el derecho de los ciudadanos a recibir un trato humano, incluso en contextos de emergencia sanitaria.
El veredicto final será conocido este lunes, cerrando una causa que, desde sus inicios, ha puesto de relieve la tensión entre medidas sanitarias y derechos individuales, dejando una marca profunda en la familia Musse y en la sociedad cordobesa.
La estancia La Celma, ubicada en el Partido de Carlos Tejedor y escenario del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970, se derrumbó este fin de semana. El sitio, declarado de Interés Municipal en 2004, nunca recibió la preservación patrimonial que se había proyectado.
El próximo domingo 23 de noviembre, los caminos del norte pampeano volverán a llenarse de historia, motores y pasión fierrera con la realización del Gran Premio 4ª Fecha del Campeonato Nor Sur, una competencia de regularidad que formará parte de los festejos por el 122° aniversario de Rancul.
El Gobierno provincial financió esta obra en la localidad situada en el Departamento Chapaleufú, mediante el Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (Promanca) que maneja la Administración Provincial del Agua (APA).
La Municipalidad de Rancul informó que, mediante la Resolución N° 869/2025, el intendente Hernán Viano dispuso que el próximo lunes 10 de noviembre será día no laborable para todas las dependencias municipales, con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Leopoldo Lugones al 1700, donde la víctima realizaba tareas domésticas con el dispositivo.
El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, confirmó que el 5 de diciembre arribarán los primeros seis aviones F-16 al país y que el presidente Javier Milei participará del acto. Las aeronaves provienen de Dinamarca y se alojarán en la base de Río Cuarto.
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La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa, dependiente del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, aplicó multas que en conjunto superan los 4,7 millones de pesos a distintas empresas por infracciones a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. Las sanciones, publicadas en el Boletín Oficial, forman parte de una política de control más rigurosa impulsada por el organismo que encabeza Florencia Rabario.
Sucedió en plena competencia durante el último tramo del Rally de La Toma, en la provincia de San Luis. Su navegante, Pablo Micarelli, lucha por su vida con pronóstico reservado.
Un violento episodio ocurrido a plena luz del día en el barrio Alberdi de Río Cuarto volvió a estremecer a la ciudad. Un hombre de 31 años fue asesinado y una mujer resultó gravemente herida tras un tiroteo registrado frente a la escuela Nueva Argentina, justo cuando salían los alumnos del establecimiento.
Un incendio registrado durante la tarde de hoy generó alarma en plena Ruta Nacional 35, cuando una camioneta que transportaba piletas de fibra fue alcanzada por las llamas mientras circulaba en sentido norte–sur hacia Santa Rosa.
Un grave incidente policial se registró durante la madrugada de este lunes en la localidad de Rancul, cuando dos hombres mayores de edad agredieron a un efectivo policial de la Comisaría Departamental y en la reyerta le sustrajeron su arma reglamentaria.
El proyecto, que asciende a $2,335 billones, mantiene el equilibrio fiscal y no prevé tomar deuda. El Gobierno provincial advierte que la recesión y la falta de fondos nacionales limitarán la capacidad de inversión y desarrollo.
El Ministerio de Salud de La Pampa dispuso una actualización en el esquema de categorización de pacientes que se atienden en hospitales y centros de salud públicos. La medida, formalizada a través de la Resolución 2810/25 firmada por el ministro Mario Rubén Kohan, redefine los parámetros económicos que determinan qué personas deben abonar por medicamentos, tratamientos y estudios, según sus ingresos familiares, cobertura médica y lugar de residencia.
