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SANTA ROSA | Un sumario administrativo por demoras en la resolución de causas judiciales, iniciado en diciembre de 2023 contra la jueza Adriana Gómez Luna, derivó en un conflicto institucional de alto voltaje en la provincia de La Pampa. La situación escaló a niveles inesperados luego de que la jueza de Cámara Marina Álvarez, a cargo de la revisión de la sanción impuesta a Gómez Luna, denunciara sentirse amenazada por un escrito de la Fiscalía de Estado, encabezada por Romina Schmidt.
El conflicto comenzó cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió iniciar un sumario contra las juezas Laura Torres y Adriana Gómez Luna por el incumplimiento reiterado de plazos procesales. En el caso de Gómez Luna, el máximo tribunal provincial detectó demoras de hasta tres años en dictar sentencia, lo que –según el fallo– atentaba contra el derecho a una justicia en tiempo razonable.
Aunque la magistrada argumentó que los retrasos estaban vinculados a una licencia médica prolongada, el STJ desestimó la explicación por tratarse de causas que fueron sorteadas tras su reincorporación. Finalmente, se le impuso una dura sanción: una multa del 25% de sus haberes y el cese de su estado judicial, lo que le impide volver a ocupar cargos en el sistema de justicia.
Gómez Luna apeló la decisión. Sin embargo, debido a la implicancia directa del STJ en la sanción, sus integrantes se excusaron, y el expediente pasó por más de diez magistrados hasta recaer en manos de la jueza Marina Álvarez y una abogada de la matrícula. Fue entonces cuando la Fiscalía de Estado, que representa legalmente al Ejecutivo pampeano, solicitó la recusación de Álvarez mediante un escrito que, según la jueza, contenía una advertencia velada sobre posibles futuras sanciones disciplinarias en su contra.
Álvarez consideró esa presentación como una forma de presión y dejó constancia en el expediente que se sentía amenazada, por lo que solicitó que se remitiera copia de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para investigar la posible comisión del delito de "amenazas".
La fiscal de Estado, Romina Schmidt, quedó así en el centro del conflicto, que ahora amenaza con transformarse en una causa penal. La situación dejó al descubierto tensiones profundas dentro del Poder Judicial y encendió alarmas en el ámbito político, ante un escenario de creciente enfrentamiento entre poderes del Estado.
Lo que comenzó como un proceso disciplinario interno por incumplimiento de funciones, amenaza con transformarse en un escándalo institucional de amplio alcance en La Pampa.
