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HENDERSON| Ocho productores de la zona de Henderson habían presentado, a principios de año, una denuncia para conocer en detalle qué destino tuvieron los fondos recaudados por las tasas viales municipales, un tributo que aumentó más de un 200% entre 2024 y 2025. Lo que no imaginaron es que aquel reclamo, amparado por el derecho ciudadano de acceso a la información, terminaría transformándose en una pulseada directa con el intendente Luis Ignacio Pugnaloni.
Dos fallos judiciales favorables que desataron la furia del Ejecutivo
La Justicia ya dio dos veces la razón a los productores: primero, un fallo de primera instancia ordenó al municipio entregar los balances y documentación sobre el uso de esos fondos; y luego, tras la apelación del intendente, la Cámara confirmó la decisión.
Sin embargo, la administración local no solo no cumplió con el fallo, sino que avanzó en una estrategia política para marginar a los mismos vecinos que reclamaron transparencia.
Caminos rurales de Henderson
Una exención con nombre y apellido
El conflicto se reavivó en las últimas semanas, cuando el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ordenanza para aliviar la carga impositiva de los productores afectados por las inundaciones que golpean al distrito desde marzo. La iniciativa, titulada “Programa de acompañamiento fiscal e impositivo a productores inundados”, buscaba eximir del pago de tasas viales y reducir otros gravámenes durante seis meses.
Pero en la discusión en comisión, el oficialismo de Unión por la Patria, con mayoría en el Concejo Deliberante, introdujo una modificación polémica: excluir del beneficio a cualquier productor que mantenga litigios judiciales con el municipio.
En la práctica, eso significa dejar afuera justamente a los ocho productores que impulsaron la denuncia por las tasas viales.
“Es el apriete legalizado. Es una forma de presionar para evitar informar”, sostuvo el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de los damnificados.
Los “ocho valientes” y un reclamo que se transformó en símbolo
El concejal opositor Sandro Mateos definió a los productores como “los ocho valientes que se arriesgaron por el resto”. Y no exagera.
Se trata de Francisco Berisso, María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero, Fabián Pereyra Iraola, Juan Manuel Cánepa, María Gabriela Gamboa y Matías Julián Riveros. Todos enfrentan ahora la posibilidad de quedar fuera de un beneficio que busca asistir al sector más afectado por la emergencia climática.
“Quedarían afuera por el solo hecho de haber pedido información judicialmente. El municipio está enojado con ese tema y por eso los quiere excluir del beneficio”, lamentó Mateos en diálogo con este medio.
Números que incomodan
Según cálculos del bloque opositor, la Tasa Vial dejó un superávit superior a 320 millones de pesos en 2024. Con los incrementos de este año, la recaudación podría alcanzar los 1.300 millones de pesos, de los cuales hasta junio solo se habrían destinado 170 millones a mantenimiento de caminos.
Los productores sostienen que esos números demuestran un uso discrecional del dinero y que el municipio no está brindando la contraprestación de servicios que exige la ley.
Un conflicto que sube de nivel
Mientras el proyecto de ordenanza avanza con modificaciones que lo desvirtúan, el municipio insiste en la vía judicial. Tras perder en segunda instancia, el intendente Pugnaloni planea presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense, una maniobra que, según los abogados, tiene pocas posibilidades de prosperar.
“Son recursos muy técnicos, muy probablemente no se los van a conceder. Pero el municipio sigue gastando tiempo y dinero solo para no entregar información pública”, agregó Torres Barthe.
De la transparencia a la revancha política
El caso de Henderson se transformó así en un ejemplo de cómo un reclamo legítimo de rendición de cuentas puede terminar cruzando la frontera de lo institucional para convertirse en un conflicto personal.
El miércoles próximo, el Concejo Deliberante podría aprobar el proyecto con las modificaciones del oficialismo, dejando a los productores fuera del beneficio.
Si eso ocurre, los vecinos que se animaron a pedir transparencia habrán ganado en los tribunales, pero perdido en el terreno más difícil: el de la política local.
