InfoTec 4.0
Alderete estafó a una mujer de 80 años a la que cuidaba durante una internación domiciliaria y a otra con la que convivía. Respecto de esta última víctima, los perjuicios se registraron entre fines de febrero y principios de marzo de este año, cuando la imputada utilizó su tarjeta de crédito Visa y la tarjeta de débito para realizar 12 compras por un total de 454.650 pesos en rotiserías, regalerías, panaderías, farmacias y plataformas virtuales.
Posteriormente, en septiembre y octubre, la acusada obtuvo los datos de la tarjeta Mastercard de la adulta mayor a la que asistía y la asoció a su cuenta de Mercado Pago. Con ese acceso, concretó 242 consumos mediante compras y transferencias, generando un daño económico de 2.141.335 pesos. También vinculó la tarjeta Visa de la misma víctima al usuario “Gisellalde” en la aplicación para realizar otros 32 gastos por 257.195 pesos. En total, las estafas ascendieron a 2.853.180 pesos.
El fallo se dictó tras homologarse un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscala Natalia Verónica Urruti, el defensor particular Simón Barreto y la propia Alderete, quien reconoció los hechos. Las partes acordaron la pena de dos años de prisión condicional por estafas mediante el uso de tarjetas previamente hurtadas y por el uso indebido de tarjetas de crédito en dos hechos independientes.
Como parte del acuerdo, Alderete deberá reparar el daño mediante la entrega de 2.398.530 pesos a una de las víctimas y 454.650 pesos a la otra, montos que deberán ser reintegrados en un plazo de nueve meses una vez que la sentencia quede firme. Para ello, la fiscalía dispondrá la creación de cuentas bancarias específicas.
Al tratarse de una pena condicional, la imputada deberá cumplir durante tres años una serie de pautas de conducta: fijar domicilio, someterse al seguimiento de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal y mantener la prohibición de contacto, por cualquier medio, con ambas damnificadas.
Alderete estuvo detenida durante un mes tras la denuncia que dio inicio a la investigación y recuperó la libertad una vez formalizado el acuerdo. En los juicios abreviados, los magistrados no pueden imponer penas más severas que las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
