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BUENOS AIRES | Según estimaciones las pérdidas acumuladas por el desastre hídrico rondan los 2.000 millones de dólares, afectando producción, infraestructura rural y la operatividad económica de múltiples sectores.
Kovarsky recordó que el Plan Maestro del Río Salado “debió estar concluido en 2015”, y cuestionó que, pese a que durante años la Nación y la Provincia compartieron el mismo signo político, “la obra no se ejecutó”. Para el dirigente rural, esta falta de resolución es clave para comprender la reiteración de eventos climáticos de este tipo: “Si no hacemos las obras de fondo, va a volver a pasar”, advirtió.
El titular de CARBAP remarcó que la entidad viene insistiendo “desde hace seis meses” en que se retomen las tareas y pidió responsabilidad compartida entre los gobiernos nacional y provincial. “Es necesario que Nación acelere el tramo 4.2, pero también que la Provincia vaya licitando y avanzando. Tienen que hacerlo en simultáneo”, insistió.
Kovarsky diferenció la realidad del sector productivo de la del Estado en materia financiera: “Nosotros no somos como el Estado, que si no te dan las cuentas sacás la partida de otro lado o aumentás un impuesto. Si no da, estás complicado”, señaló, en alusión al impacto económico que implica enfrentar emergencias sin herramientas adecuadas.
En este punto, volvió a plantear una de las debilidades estructurales del agro argentino: la falta de seguros multirriesgo que permitan cubrir daños como los generados por la inundación. “En otros países, ante catástrofes similares, hay coberturas. Acá no tenemos. Son muy caros. Imaginate que ni el Estado argentino puede afrontar un evento así”, lamentó.
El dirigente explicó que, para que las aseguradoras internacionales puedan ofrecer reaseguros, es necesario que la Argentina alcance condiciones macroeconómicas estables, entre ellas un riesgo país menor a 500 puntos, lo que permitiría acceder a créditos externos y mecanismos de protección que hoy están lejos del alcance local.
Para CARBAP, la prioridad inmediata es clara: reactivar el plan de infraestructura hídrica, terminar los tramos pendientes y establecer un esquema de políticas coordinadas que prevenga la repetición de desastres que, una vez más, golpean a la producción bonaerense.
