La Justicia federal avanza en una nueva etapa dentro del proceso de decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad. Tras la confirmación de la condena y el decomiso inicial de propiedades, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola preparan un nuevo listado que incluye un inmueble clave: el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.
Nacionales22/11/2025
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NACIONALES | Según fuentes judiciales, este departamento –adquirido en 2010 por un valor cercano a US$370 mil– figura a nombre de Hotesur S.A., una sociedad investigada por presunto lavado de dinero. En la primera etapa del proceso se priorizaron bienes registrados directamente a nombre de los condenados; ahora la investigación avanza sobre activos ligados a sociedades anónimas involucradas en maniobras ilícitas.
Un cruce legal por la titularidad
La defensa de Cristina Kirchner sostiene que el departamento no puede ser incautado porque habría sido cedido a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes además son propietarios del hotel Los Sauces, uno de los bienes de mayor valor incluidos en el decomiso.
Los fiscales, sin embargo, consideran que la propiedad forma parte del circuito de fondos ilegales determinado en el fallo condenatorio y, por lo tanto, sería susceptible de decomiso aun si estuviera bajo titularidad societaria o de terceros beneficiarios.
La Corte Suprema define los pasos a seguir
Con la sentencia firme, los bienes decomisados pasaron a la órbita de la Corte Suprema, que deberá inventariarlos, tasarlos y decidir su destino final. El proceso recae en los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y podría extenderse durante varios meses.
Entre las alternativas, la Corte evaluará si los activos se destinan a un uso social o si serán subastados. En paralelo, los hijos de la expresidenta podrían presentar recursos o amparos que dilaten la ejecución.
Un decomiso con fundamentos históricos e internacionales
El fallo que habilitó el decomiso remarcó que los condenados fueron “beneficiarios de los efectos del delito”, principio que en el sistema penal argentino busca impedir que una conducta ilícita genere beneficios económicos.
La resolución también se apoyó en compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan al Estado a recuperar activos provenientes de delitos contra la administración pública.
Una nueva fase del proceso
Si el tribunal acepta el pedido de los fiscales, el departamento de Constitución se sumará a la lista de bienes recuperados. La Justicia analiza, además, nuevas propiedades vinculadas a sociedades relacionadas con los imputados.
La causa entra así en una etapa de alto impacto político y judicial, mientras la Fiscalía afina el próximo listado y la defensa prepara nuevos argumentos para frenar la incautación.
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