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Según la normativa, los estudiantes deberán demostrar una conducta escolar basada en el respeto, la convivencia pacífica y el trato adecuado hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza. Las instituciones educativas serán responsables de aportar la información fehaciente que permita al Ministerio de Educación determinar la reducción o la pérdida del estímulo económico.
Desde la cartera educativa señalaron que las consecuencias para quienes incumplan las pautas de convivencia serán claras: la comisión de actos de violencia podrá implicar el descuento de las estampillas correspondientes al año en curso. En caso de reincidencia —tres episodios en un mismo ciclo lectivo o en distintos periodos— se eliminará la totalidad de los montos acumulados hasta ese momento.
Además, se estableció que los reclamos vinculados al programa deberán realizarse dentro de los doce meses posteriores al egreso, ya que vencido ese plazo no se admitirán presentaciones ni revisiones posteriores.
El Gobierno provincial remarcó que la reforma busca reforzar el sentido del programa, no solo como instrumento de incentivo al ahorro escolar, sino también como herramienta para promover ambientes educativos seguros, respetuosos y libres de violencia. Las nuevas disposiciones comenzarán a regir a partir del ciclo lectivo 2026.
