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SANTA ROSA | La investigación judicial por el brote de botulismo que conmociona a La Pampa avanza a paso firme en los tribunales de Santa Rosa. En las últimas horas, la fiscala Cecilia Martini encabezó una serie de testimoniales consideradas clave, que incluyeron a personal de la Dirección de Epidemiología, médicos forenses e integrantes del área de Bromatología provincial.
El objetivo central de la pesquisa es determinar el grado de responsabilidad de quienes elaboraron los escabeches de la marca “Juli-Mar”, productos que habrían sido el origen de la toxina botulínica. Según fuentes judiciales, la causa se encamina a una imputación por homicidio culposo, en el marco de una presunta conducta negligente en la manipulación y elaboración de alimentos.
La lupa judicial se posó sobre una vivienda de la localidad de Toay que funcionaba como centro de producción, sin ningún tipo de habilitación sanitaria ni controles oficiales. Allí se habría originado la partida de escabeches que provocó la muerte de la artista Raquel Pumilla y dejó en grave estado a su esposo, el escritor Juan Carlos “Pinky” Pumilla, quien este lunes permanecía internado en terapia intensiva del Hospital Favaloro.
En paralelo, la Justicia aguarda los resultados de pericias concluyentes para establecer si el fallecimiento de la poeta Hilda Alvarado está directamente vinculado a la misma partida de alimentos contaminados.
Desde el ámbito judicial explicaron que la figura de homicidio culposo se sustenta en la presunta negligencia, impericia y violación del deber de cuidado en la elaboración de sustancias alimenticias. No obstante, el Código Penal también contempla figuras más severas en el marco de los delitos contra la salud pública, como el envenenamiento o adulteración de alimentos, que podrían derivar en penas de prisión efectiva si se comprueba que se expuso a un riesgo masivo a la población.
