


Pullaro contra el garantismo K: “Un delito de mayor debe juzgarse con una pena de mayor”
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POLÍTICA | El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe ha reinstalado con fuerza el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en Argentina. En este contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de una reforma estructural del régimen penal juvenil y apoyó la iniciativa del Gobierno nacional de incluir este tema en las sesiones extraordinarias.
“El que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el mandatario santafesino, quien recordó que sostiene esta postura desde su etapa como ministro de Seguridad. Pullaro fue contundente al señalar que el enfoque garantista, al que vinculó directamente con el kirchnerismo, ha fracasado al considerar a los delincuentes como víctimas de un sistema injusto.
Los puntos centrales del planteo de Pullaro:
Gravedad sobre edad: Para el gobernador, el foco no debe estar solo en los años del imputado, sino en el hecho cometido. “No es real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, sentenció.


Estructuras delictivas: Advirtió que las bandas criminales suelen utilizar a menores como "escudos" legales para ejecutar delitos graves, aprovechando la actual falta de punibilidad.
El caso Jeremías: Pullaro utilizó el reciente crimen en Santo Tomé como un ejemplo de la necesidad urgente de adaptar la ley: “Es una norma que la Provincia y la República Argentina necesitan”.
Batalla contra el garantismo
El mandatario provincial insistió en que el país debe dejar atrás las políticas que, a su criterio, permitieron que delincuentes peligrosos pasen el menor tiempo posible en la cárcel. “Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos”, concluyó.






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Bebé de Rancul: pidieron la renuncia del Ministro, funcionarios de Niñez y expusieron todas las irregularidades
La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.

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